Comienza el juicio por la trama de facturas falsas del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla

LD (Pedro de Tena) Aunque los abogados de los imputados socialistas han intentado un último recurso para evitar el juicio público y con jurado, la cosa no les ha salido bien y finalmente la Fiscalía de Sevilla comunicó a las partes en el día de ayer que no aceptaba la propuesta según la cual si se pagaba el importe completo de las facturas falsas -unos 20.400 euros-, ni habría juicio ni habría prisión para los acusados. Los abogados que han mediado en esta cuestión son abogados del PSOE de Andalucía. Uno de ellos, precisamente, ocupa según ABC un puesto de libre designación en la Diputación de Sevilla gobernada por el PSOE desde 1979.

 

El juicio comienza, pues, este martes con la presencia de los tres acusados: el ex secretario socialista del distrito Macarena de Sevilla, José Marín, para el que el Ministerio Fiscal reclama cinco años y tres meses de prisión; el contratista José Pardo, que fuera ex socio de Juan Guerra hace casi dos décadas, para quien se piden cuatro años y tres meses de cárcel; y el colaborador del distrito Manuel Portela, sobre quien recae una petición de pena de un año y cinco meses. Si el pacto impulsado por el PSOE hubiera prosperado, las penas hubieran pasado a ser de nueve meses para Manuel Portela; 24 meses para José Marín y de 20 a 21 meses para José Pardo, por lo que ninguno de los imputados hubiera ido a prisión.

 

El Partido Andalucista, partido que ejerce la acusación popular en este caso considera que "ningún sevillano se cree que Monteseirín nunca sepa nada de lo que pasa", y añade que "hay muchos flecos abiertos que pueden darnos sorpresas". Increíblemente, el ex concejal del distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García no tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados después de que lo exculpara la jueza instructora porque se limitaba a firmar lo que ponían por delante.

 

El juicio es con jurado. Los componentes de este han sido elegidos con una fórmula polémica. Hace unos días se supo que una de los miembros propuestas fue rechazada por declarar que era lectora de ABC. Los hechos que se someten a juicio a partir de este martes se hicieron públicos en 2005, cuando el PA denunció la existencia de presuntas facturas por trabajos inexistentes en la contabilidad del distrito Macarena.

 

 

 

(elaborada a partir de la publicada por El Mundo hace dos años)

 

El caso de las facturas falsas en el distrito Macarena originó la dimisión de dos asesores del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, por conseguir adjudicaciones municipales para sus negocios privados, uno de ellos hermano del portavoz del gobierno de Manuel Chaves, Enrique Cervera. Pero después la polémica sobrevino en escándalo al destapar el PA el caso de las facturas falsas. Luego, el PP puso  al descubierto dos nuevos casos de obras fantasmas.

 

 

El 6 de mayo de 2003, el Ayuntamiento de Sevilla transfirió 601.012,10 euros (cien millones de pesetas) al distrito Macarena, para gastos en obras pequeñas. El distrito debería justificar el gasto de este libramiento con facturas de las obras realizadas y las copias de los cheques de haberlas pagado.

 

 

El miércoles 9 de marzo de 2005, los concejales del PA Paola Vivancos y Rafael Carmona denunciaron el cobro de facturas falsas en el ayuntamiento de Sevilla. En el expediente que justificaba el gasto de 600.000 euros en el distrito Macarena se incluyeron las dos facturas por el derribo de dos pequeños edificios de la barriada de San Diego que, sin embargo, estaban en pie.

 

 

Altos cargos del PSOE negaron los hechos, asegurando que lo que se había derribado era un chozo de hierro y madera que se utilizaba para sacar los pasos de una pro hermandad de San Diego. Pero el fundador de aquella asociación, un anciano conocido en el barrio, dio un vuelco al caso al revelar, en una entrevista con este periódico, que fue él quien, con sus propias manos, desmontó el chozo. José Antonio García y su director de área, José Marín, presentaron sus dimisiones el 19 de marzo de 2005.

 

 

La denuncia del PA se convirtió en una bomba informativa cuando se supo que la persona que cobró las facturas era José Pardo, ex militante socialista condenado por cohecho, implicado después en el “caso Guerra” y además, trabajó como escolta en los mítines del PSOE en la campaña de las municipales de 2003. Los 4.800 euros de las facturas falsas las cobró el 8 de mayo, el día de inicio de campaña. El primer día de campaña electoral, Pardo cobró 28 cheques por facturas que había presentado a nombre de la empresa Contratas y Obras Sevilla SL (COS), de la que era socio fundador. Los talones, en cambio, eran nominativos a su propio nombre y, al menos dos de ellos, eran pagos por obras falsas. Posteriormente, el administrador único de COS, David Velázquez, informó al Ayuntamiento de que las 28 facturas emitidas y cobradas por Pardo no constaban en los libros de contabilidad de la empresa que, según ha sostenido Velásquez ante el juez, cesó en su actividad a finales de 2002.

 

 

Aparece poco después un complejo entramado de más de una docena de empresas, relacionadas entre sí, que se repartían casi todas las obras que adjudicaba el distrito Macarena “a dedo”. Un ex abogado de Pardo tenía domiciliada en su despacho –en el edificio Forum, en Luís de Morales- a otra de las sociedades más habituales del distrito y, además, habría ejercido como representante de otras dos adjudicatarias habituales. Este abogado estaba relacionado, a través de su esposa, a una sociedad civil que también había trabajado para el distrito... Es decir, que en la adjudicación de obras había poco margen parea la casualidad.

 

 

Cuando el importe de las obras superaban los 2.400 euros, éstas no se podían adjudicar “a dedo” por el distrito sino que era necesario un concurso sometido al control de la Intervención. En el año 2004, el distrito Macarena tramitó 52 expedientes de este tipo. Y, según dijeron en su día a este periódico empresarios afectados, buena parte de esos expedientes fueron amañados a posteriori para simular concursos que en la realidad no habían existido y poder pagar a los constructores las obras que habían sido adjudicadas de manera irregular.

 

 

Después de varios meses de investigación, el portavoz del PP, Jaime Raynaud, esperó a la simbólica fecha del 9 de marzo para denunciar dos nuevas obras fantasmas en el distrito Macarena. En este caso, por importe de 22.485 euros pagados a Manuel Romero Sosa, de la empresa "Construcciones y Reformas”.

 

 

Ante el escándalo, la Fiscalía de Sevilla presentó una denuncia contra el concejal del distrito Macarena, José Antonio García; al ex secretario del distrito, José Marín; a los militantes del PSOE y colaboradores del distrito Manuel Portela y Antonio Pazos y, finalmente, a José Pardo y a uno de sus socios en COS, Jesús Barrera. El PA también anunció que ampliaría con las nuevas facturas falsas la denuncia que ahora instruye el juzgado número 15.

 

 

Antes de que saltara a la luz pública las facturas falsas de la Macarena, tres asesores del alcalde tuvieron que dimitir inmersos en polémicas políticas y, dos de ellos, relacionadas con el distrito.

 

El primero en dejar su cargo fue Juan José Conde, al conocerse que una cooperativa vinculada a su mujer vendía viviendas de protección oficial por encima del precio máximo legal. En enero de 2005, los asesores de Monteseirín que dimitieron conjuntamente fueron José María Castro Buján, secretario general del PSOE de San Jerónimo, y Ángel Cervera, hermano del portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía.

 

Los dos dimitieron por casos similares. Castro Buján, porque dos empresas vinculadas a él y a su mujer (Aseycon y Asesoría San Jerónimo) habían recibido adjudicaciones del distrito Macarena siendo él asesor del alcalde. Ángel Cervera, porque cobró por realizar unos carteles para el distrito estando a sueldo del Ayuntamiento de Sevilla.

 

 

Cuando las aguas parecían calmadas, surgió el caso de las facturas falsas de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos “Unidad”, Esta organización endosó al Ayuntamiento y a la Diputación facturas emitidas por un quiosco cuya titular había fallecido dos años y medios antes de la emisión de las facturas y con un CIF inexistente.

 

Además, el quiosco pertenecía a la madre fallecida de Ángel Cervera, que ya dimitió como asesor de Monteseirín y que después fue contratado como personal de confianza del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. La mujer de Ángel Cervera, Ángeles Nevado, era la presidenta de la Federación de Vecinos.

 

Ante este panorama, Cervera volvió a dimitir, pero las irregularidades en la Federación de Vecinos han seguido saliendo. La más llamativa, una factura hallada por el Partido Popular que la Federación cobró al Ayuntamiento de Sevilla, por un lado, y a la Diputación, por otro.