LD (Europa Press) El vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, destacó que la empresa de Real de Gandia en la que trabajaba el inmigrante boliviano que perdió el brazo y que fue abandonado por su jefe en las proximidades de un hospital, se encuentra "paralizada" porque "las cuestiones técnicas eran muy deficientes".
Camps, que realizó estas declaraciones en los pasillos de las Cortes Valencianas al ser preguntado por este siniestro, precisó que las cuestiones técnicas que planteaban problemas en esta empresa eran "especialmente, las eléctricas, probablemente causa del accidente que sufrió el trabajador", apuntó. Manifestó que "el día siguiente" al del suceso "ya se había personado la Inspección de Trabajo" en las instalaciones de esta firma, una panificadora del polígono de Real de Gandia.
Asimismo, el responsable autonómico consideró "absolutamente reprobable y condenable" la actitud del empresario, que no tenía dado de alta a este trabajador en la Seguridad Social y que lo dejó sólo en las proximidades del Hospital de Gandia. Actualmente se recupera en un centro hospitalario de Valencia.
Gerardo Camps criticó la actitud de "un empresario que tenía a una persona no dada de alta, que además sufrió un accidente laboral y que en vez de cumplir con la ley, lo que intentó fue evadir sus responsabilidades". Destacó que "en estos momentos, esa empresa está paralizada porque las cuestiones técnicas eran muy deficientes, especialmente, las eléctricas, probablemente causa del accidente que sufrió el trabajador".
El consejero destacó que además de la Inspección de Trabajo, la "Fiscalía también está actuando" porque, según explicó, "aquí no estamos sólo ante una falta de medidas de seguridad sino también ante un probable delito que haya podido cometer el empresario". Indicó que "al menos", el delito de "auxilio y socorro y, probablemente también, un delito contra la seguridad y salud en el trabajo".
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha asegurado que el Gobierno estudiará la posibilidad de regularizar al inmigrante que perdió el brazo izquierdo si lo solicita ya que es uno de los casos que puede entrar en los supuestos de regularización por razones humanitarias.
Rumí destacó que "la ley contempla actualmente situaciones donde se puede estudiar la posibilidad de la documentación en función de razones humanitarias". Atendiendo a este supuesto, "si se solicita" la regularización, "se va a estudiar", puesto que "es evidente que es uno de los casos que puede" acogerse en él. "Esto llevará sus trámites por parte de la Subdelegación del Gobierno correspondiente", añadió Rumí.
Asimismo, afirmó que su departamento ha requerido al Observatorio del Racismo y la Xenofobia un análisis del caso del para estudiar qué medidas se pueden adoptar si se constatan los hechos. Rumí calificó de "repugnante" la conducta del empresario y manifestó que si los hechos se constatan, "puesto que está abierta una investigación, se tomarán todas las medidas que ya hoy tenemos en nuestro alcance en el ámbito legal". No obstante, añadió que prefiere "esperar a tener todos los resultados de esa investigación", para adoptar ninguna decisión.