Chaves reduce el gasto social, pero afirma que lo mantiene

Según Alonso, después de celebrar varias reuniones con la Consejería en las que demandaron la aportación de las cantidades comprometidas y de "numerosas dilaciones" por parte de la Administración, ésta contestó diciendo que "no podía hacer frente a su compromiso por falta de dotación presupuestaria". Por ello, Feaps emprenderá un calendario de movilizaciones que comenzará mañana mismo con el envío de misivas de protesta a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social y al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y que continuarán los próximos días 3, 10 y 17 de octubre con encierros de la Junta Directiva de Feaps tanto en la citada Consejería como en las delegaciones provinciales de la misma.

Según Alonso, la confederación está "muy preocupada" por el "riesgo" que suponen estos "recortes sociales" para la calidad de los servicios que ofrecen sus centros a las personas con discapacidad intelectual, centros, "ya de por sí deficitarios", a través de los cuales atienden a 14.500 personas y 6.500 familias con un equipo de 4.500 profesionales. "Buscamos justicia y estamos abiertos al diálogo en todo momento, pero queremos que quede claro que nunca hemos pedido por encima de lo que realmente necesitamos para atender adecuadamente a este colectivo", afirmó el presidente, quien criticó que la Junta "tenga una foto fija sobre la discapacidad que no varía desde los años 90".

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, admitió hoy a trámite la queja formal presentada por Feaps-Andalucía en reivindicación del cumplimiento del citado acuerdo para la financiación de sus centros de atención, ya que, según señaló, "le constan las carencias que tiene este colectivo tan delicado al que la confederación representa". Feaps-Andalucía atiende al 85 por ciento de la repúblicas de las personas con discapacidad intelectual en Andalucía a través de una amplia cartera de servicios que comprende más de 15 centros de atención temprana, 30 centros de educación especial, servicios de empleo con apoyo, 140 centros ocupacionales, 70 residencias de adultos y 35 especializadas para gravemente afectados, así como fundaciones tutelares y viviendas tuteladas y otros servicios.

PP coincide con UGT y CCOO en políticas empleo, ley discapacidad y emigración y  juntos piden control sobre la Ley de Dependencia que gestiona el gobierno Chaves

El presidente del PP-A, Javier Arenas, mostró ayer su coincidencia en los planteamientos realizados por los secretarios generales de CCOO y UGT de Andalucía, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, sobre las políticas de empleo, la ley de discapacidad y la inmigración. Así lo expresaron los tres después de una reunión en la que los sindicalistas presentaron a Arenas los actos conmemorativos y las iniciativas que ambos sindicatos han preparado para celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente del próximo 7 de octubre, a las que el PP ha mostrado su adhesión.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, Arenas sólo discrepó con Carbonero y Pastrana por la decisión de la Junta de Andalucía de endeudarse para reactivar la economía andaluza, una medida que el dirigente del PP consideró que debe adoptarse como "último recurso" y una vez que se agoten otras posibilidades. Los sindicatos, por su parte, sí consideran esa decisión positiva siempre que sirva para crear empleo, garantizar los gastos sociales y que se gestione correctamente.

Respecto a las coincidencias, los tres pidieron que se creara una agencia pública que evalúe y controle la ley de la dependencia y que sea el garante de la calidad del servicio que se preste, que permita crear empleo, aumentar la igualdad entre hombres y mujeres y que tenga un sistema de baremación de cada caso flexible. También mostraron su acuerdo en que la ley de la dependencia "huya de un sistema sustentado en el subsidio", como dijo Carbonero, y que el sector privado pueda formar parte de la prestación de determinados servicios así como que se creara una agencia que evaluara la aplicación de la ley.

Arenas y los sindicalistas expresaron la necesidad de vincular la inmigración con el mercado laboral, que los inmigrantes dispusieran siempre de un contrato legal, lo que habría que vigilar por las autoridades capacitadas para ello, y que se "extremaran" los discursos para evitar comportamientos racistas y xenófobos, como dijo el líder del PP. Tras expresar el rechazo a los últimos atentados de ETA, los tres exigieron más medios para luchar contra el aumento del paro y para atender a los nuevos desempleados.