L D (Europa Press) Ségún denuncia la Federación de la Enseñanza de CCOO, esto ha provocado la concentración en pocos centros públicos de determinadas zonas del comunidad de una elevada tasa de alumnos extranjeros.
Así lo señaló en rueda de prensa el secretario general de Enseñanza de CCOO, Rafael Pons, quien alertó que la Consejeria está generando una "bomba de relojería" como consecuencia de la aplicación de este decreto y a través de sus políticas educativas, al incentivar la "segregación" de los alumnos extranjeros, los docentes y sus familias de inmigrantes.
El Gobierno balear aprobó el pasado 5 de abril el decreto de escolarización de alumnos en el que se establecían los criterios para el reparto equilibrado de los inmigrantes y escolares con necesidades especiales en todos los centros, una norma que, según comentó, lejos de alcanzar su objetivo, ha "profundizado" todavía más la concentración de alumnos extranjeros en algunas escuelas públicas y concertadas.
En este sentido, Pons apuntó que se está generando una situación "caótica" en el sistema educativo de Baleares, a la que "hay que poner freno". Reveló que el ratio de alumno por aula ha aumentado de forma considerable, alcanzando en algunos casos los 30 estudiantes por clase, (el máximo establecido para casos de necesidad), por lo que sostuvo que el Gobierno ha fracasado en la política de "redistribución" de radios por centros. La etapa de Educación Infantil es la que se ve más afectada por este "excesivo número de alumnos", concretó.
Una situación "preocupante", según remarcó el secretario de acción sindical de la enseñanza en CCOO, Miquel Angel Molina, que la atribuyó a la "improvisación" de la Consejería que, a su juicio, lo único que está haciendo es poner "parches" a las problemáticas del sistema educativo en lugar de aportar soluciones "reales". Ante ello, reclamó a Galmés que "se ponga la pilas" y se reúna con los agentes sindicales para abordar de forma conjunta actuaciones de cara al futuro.
Reinvindicación en tiempo de crisis
Por su parte, el responsable de la enseñanza de ámbito estatal, José Campos, se refirió a los retos que, a su juicio, debe afrontar la educación española, entre los que destacó la necesidad de garantizar la oferta pública educativa de 0 a 3 años, y mejorar la Formación Profesional, un sistema educativo que se encuentra en situación "precaria" especialmente en su grado medio, que coincide con la etapa educativa en la que se registran la mayoría de los abandonos escolares.
Junto a esta reivindicación también se plantean exigir al Gobierno la necesidad de aprobar el estatuto docente (afecta a más de 500.000 personas) y el estatuto universitario (del que dependen más de 100.000 trabajadores) al tratarse, dijo, de dos "instrumentos fundamentales que están en el programa electoral del PSOE y que el profesorado viene reclamando desde hace años", apostilló.