Cataluña prepara una ley para exhumar los cuerpos de fallecidos en la Guerra Civil que excluye a los nacionales
La Generalidad de Cataluña quiere aprobar su propia ley de Memoria Histórica para velar "por el reconocimiento de todos los ciudadanos que han sufrido persecución en defensa de la democracia y el autogobierno de Cataluña" durante la Guerra Civil. Según ABC, para ello, el principal impulsor de esta medida, el consejero de Relaciones Institucionales del Gobierno catalán, Joan Saura, dice que quiere exhumar unos 9.000 cuerpos, aunque ha dejado bien claro que este reconocimiento "no puede trasladarse a todas las ideologías" porque "no se puede comparar a los golpistas con la superioridad ética de un Gobierno legítimo y democrático". Por cierto que la ley no hace alusión a las víctimas del totalitarismo de ETA o de Terra Lliure.
(Libertad Digital) El Gobierno catalán quiere tener su propia ley de Memoria Histórica amparándose en el artículo 54 del nuevo Estatuto de Cataluña, según el cual los poderes públicos velarán "por el reconocimiento y la rehabilitación de todos los ciudadanos que han sufrido persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y el autogobierno de Cataluña".
Según informa este martes ABC, para ello, el consejero de Relaciones Institucionales de la Generalidad, Joan Saura (ICV), cuenta con el proyecto de ley del Memorial Democrático –que velará por la memoria de las víctimas de la represión franquista– y una ley que regulará la exhumación de cuerpos de fosas comunes de la Guerra Civil.
Lo que sorprende es que Saura –que dice que se ha inspirado en procesos similares en países como Chile, Argentina o Alemania– haya argumentado que el reconocimiento de estas víctimas de la represión "no puede trasladarse a todas las ideologías" porque "no se puede comparar a los golpistas con la superioridad ética de un Gobierno legítimo y democrático".
Excesivo control de la Generalidad
Desde la oposición al tripartito se ha reprochado al Gobierno catalán que quieran atribuirse una función que corresponde a los historiadores. Además, se ha criticado el excesivo control de la Generalidad en la composición de ese nuevo órgano –el Memorial Democrático– cuya Junta de Gobierno estará formado por once miembros elegidos directamente por el Ejecutivo catalán y tres responsables de instituciones catalanas dependientes del Gobierno autonómico: el director del Museo de Historia de Cataluña, el titular del Área de Historia y Pensamiento Contemporáneo y el director del Archivo Nacional de Cataluña.
Aunque el Memorial se centra en los años que van desde 1931 a 1980, no se descarta abrir el periodo. En cualquier caso, no pasa inadvertido que la ley no hace ninguna alusión a las víctimas del totalitarismo de ETA o de Terra Lliure.
Concretamente, el fin de este proyecto de ley, que puede entrar en vigor en muy pocos meses, es "desarrollar las políticas públicas del Gobierno dirigidas a la acción cívica de recuperación, conmemoración y fomento de la memoria democrática, es decir, del conocimiento de la II República, de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de la represión de la dictadura, del exilio y de la deportación, de los valores y de las acciones del antifranquismo".
"Señalización" de fosas comunes
El Memorial Democrático tiene previsto crear "un fondo informativo integrado por un banco de datos audiovisuales, bases de datos y el inventario de elementos y lugares significativos de las luchas democráticas, así como el impulso de programas de conservación in situ: localización y señalización de los lugares emblemáticos de la Guerra Civil, la represión franquista y la lucha antifranquista".
Para conseguir esto último, el Ejecutivo catalán se dotará de otra ley que regulará la exhumación de fosas comunes –unas 150 con 9.000 cuerpos– de la Guerra Civil en Cataluña. Así se contenta a distintas asociaciones dedicadas a la preservación de la memoria histórica, que habían encontrado excesivos problemas burocráticos para proceder a su exhumación oficial.
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