Castilla y León exigirá la devolución de su patrimonio en otras regiones de España e incluso en el extranjero

L D (EFE) Ruiz se expresó así, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en respuesta a las afirmaciones de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, quien ayer aseguró que a los vascos, al igual que al resto de los españoles, les serán devueltos los documentos privados que se encuentran en el Archivo de Salamanca que acrediten que son suyos, según el procedimiento establecido en la ley.

"Asistimos a la triste realidad de que se desmantela íntegramente el Archivo de Salamanca", reflexionó Ruiz, quien acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al ministro de Trabajo y diputado por Salamanca, Jesús Caldera, y a la propia Calvo de "mentir" cuando afirmaron anteriormente que sólo saldrían los papeles de la Generalidad. Ayer, a juicio de Ruiz, a Calvo "le ha traicionado el subconsciente y ha dicho la verdad, que les darían a todos los que lo pidan" y sean titulares de los documentos.

Por ello, desveló que la Junta ha comenzado a revisar "la titularidad que tiene cada uno sobre lo que dice tener", de documentos y bienes que Castilla y León ha perdido, y que están en "otros lugares de España y del extranjero". "Estamos analizando cuál es la titularidad de cada uno, qué titularidad tienen sobre lo que tienen y en base a eso decidiremos" respecto a una posible petición de devolución, expresó Ruiz.

Esta línea ya fue avanzada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien en junio del pasado año afirmó en Valladolid que si prosperaba la Ley de Restitución a Cataluña de documentos del Archivo de Salamanca, como así ha sido, se legitimaba a que pueblos de esta región reivindicaran lo que "históricamente les ha sido despojado" y "esto llevaría a la locura y destrucción del patrimonio nacional".

El presidente de Castilla y León sostuvo que la ley conducía al "desmantelamiento totalmente del Archivo", al abrirse la puerta a que "reclamen todos los gobiernos y personas", y afirmó que "si nos llevan a ese punto de irracionalidad, con toda razón, los habitantes de un determinado pueblo de Castilla y León históricamente despojado, sin ninguna justificación de un bien patrimonial, podrían reivindicar un mejor derecho, y me parecería legítimo".