Cascos señala que las expropiaciones de terrenos frenan la posibilidad de cumplir los plazos del AVE

L D (EFE) Así lo indicó el titular de Fomento al responder al senador socialista Luis Ayllón Oliva, que preguntó "sobre las explicaciones que puede facilitar el Gobierno acerca del resultado de la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas de los contratos de construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona".

Álvarez-Cascos indicó que respecto a la obra del Ave Madrid-Barcelona, con 400 kilómetros, "el Tribunal en su informe no plantea ninguna petición de instruir expediente alguno por responsabilidad contable, por lo que no se ha detectado ningún tipo de ilegalidad". El titular de Fomento reiteró que este retraso se deriva "de 14 años de gobiernos que no se han preocupado de hacer la línea más importante para conectar España con Europa", y el resto "por cuestiones ajenas a la voluntad del GIF". "En muchos casos ocasionados por la falta de disponibilidad de terrenos motivada por la exigencia de no vulnerar las garantías en el proceso" de expropiación, explicó, "con un tratamiento exquisito" con los propietarios de los terrenos.

El ministro insistió en que las actuaciones del GIF "se ajustan a la más estricta legalidad", según la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como los procedimientos seguidos por este organismo. "Las obras del tramo Madrid-Lérida han supuesto un incremento del 3,3 por ciento sobre el presupuesto del proyecto", agregó, y en el tramo Lérida-Barcelona las obras "que están en marcha, están suponiendo una reducción del 8 por ciento sobre los presupuestos del proyecto".

El senador dijo que "no hablamos de incrementos de precios, sino de retrasos en los plazos de ejecución en las obras, que es lo que fiscaliza el Tribunal", e indicó que en 79 folios el Tribunal de Cuentas relata que de los 73 contratos firmados por el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) del Grupo Fomento para construir las obras de este AVE Madrid-Frontera Francesa, "en 63 de ellos se han registrado anomalías que han originado retrasos en la ejecución". También señala que generó "un retraso medio del 36,50 por ciento de los plazos de finalización inicialmente previstos" por lo que el senador indicó que "el Gobierno debería hablar de ineficacia en la gestión", y aventuró que "probablemente ni siquiera este tramo pueda usted inaugurarlo".

Álvarez-Cascos replicó que el GIF adopta medidas "permanentemente" para reducir las demoras como las vinculadas con la redacción de proyectos, "según la redacción de los proyectos básicos que permite adelantar en el tiempo el proceso de expropiación". El proceso entre la firma del contrato y el inicio de las obras se ha reducido de "74 días en 1999 a 25 días en el 2002", indicó, al igual que en las prorrogas, que han pasado de "7,3 meses en el 2000, a 3 meses en el 2001 y a mes y medio en el 2002".