Caos y contrataciones a dedo en la empresa de vivienda de la Diputación de Granada

La Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Granada (Visogsa), se constituyó como sociedad anónima el 26 de junio de 1980 y está controlada desde entonces por el PSOE andaluz y granadino.

El informe de la Cámara de Cuentas sobre Visogsa, adoptado por unanimidad de todos sus miembros incluidos los socialistas, afirma textualmente: "En ninguno de los expedientes de personal analizados, consta la documentación correspondiente a la fase de selección de personal, por lo que no ha sido posible comprobar que el acceso al puesto de trabajo se ha realizado según los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Es decir, teniendo en cuenta otros casos, la gran mayoría de los 72 puestos de trabajo de la entidad han sido nombrados a dedo por sus gestores socialistas.

El objeto social de la empresa consiste en la promoción, construcción y rehabilitación de suelo edificable y equipamiento comunitario de edificios y viviendas, con especial atención a las de protección oficial y prioritariamente a las de promoción pública. Lo hace mediante convenios con Ayuntamientos u otras Administraciones o por encomienda de la  Diputación Provincial de Granada.

Por tanto, la Diputación Provincial de Granada, que preside actualmente el socialista Antonio Martínez Caler, es propietaria de la totalidad del capital social de Visogsa. Su capital totalmente suscrito y desembolsado ascendía, al final del ejercicio 2008, a 10.438.000 €, y está dividido en 1.228 acciones de un valor nominal de 8.500€. Los fondos propios alcanzan la cantidad de 41.061.009 €. La cifra de negocios correspondiente al ejercicio 2008 ha sido de 6.262.581 €, procedente principalmente, de la venta de promociones de viviendas.

La Cámara de Cuentas en su informe del pasado mes de enero de 2010, dice que:

a) Que la empresa no dispone de un inventario de los elementos que conforman el inmovilizado. O sea, no sabe qué bienes tiene, dónde los tiene y su estado.
b) Que las amortizaciones que aplica en su balance no son correctas.
c) Que no se encontraban las escrituras en los archivos de la empresa.
d) Que no hay manual de procedimiento para los puestos de trabajo ni coordinación entre sus departamentos.
e) Que se sabe cómo han entrado sus empleados por lo que no se sabe si han respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad.
f) Que sus expedientes carecen de la información correspondiente a la vida laboral del empleado: experiencia profesional, titulación, etc.
g) Que dispone de sesenta y siete cuentas corrientes en ocho entidades financieras.
h) Que el efectivo en caja al cierre del ejercicio ascendía a 362 €.
i) Que quien decide el gasto es quien paga sin separación de funciones.
j) Que no se actualiza debidamente la contabilidad.
k) Que sus asesores jurídicos, funcionarios de la Diputación, cobran honorarios irregulares aparte de su sueldo (no se les carga el IVA).

Solares y millones sin regularizar

Por acuerdo de 28 de mayo de 2002, la Diputación de Granada transmitió la propiedad de cuatro parcelas de terreno a Visogsa. El acuerdo establecía que la empresa realizaría las gestiones de urbanización y venta debiendo revertir a la Diputación el importe de las plusvalías obtenidas por la venta de las parcelas, excepto un 10% del precio de venta de éstas que Visogsa recibiría en concepto de retribución por gestión.

Pero al cierre del ejercicio 2008 la empresa no tenía registrado en sus estados financieros el importe correspondiente a la obligación que tiene contraída con la Diputación, por las plusvalías obtenidas, y que ascendía a  7.495.784 €. ¿Dónde está ese dinero?

El agujero negro de las empresas públicas andaluzas

Dado que no es la primera vez que una fiscalización de la Cámara de Cuentas arroja estos resultados nefastos sobre gestión socialista en las diferentes empresas públicas, y dado que estas pierden cada año un dinero ingente, en 2008, la Junta inyecto 5.300 millones de euros en sus empresas públicas.

El 31 de diciembre de 2007, el sector público empresarial de la Junta de Andalucía estaba formado por 146 empresas (29 más que en el ejercicio anterior), de las que 58 eran empresas participadas mayoritariamente y 88 participadas minoritariamente.

El resultado del ejercicio en el conjunto de las empresas públicas ha pasado de un beneficio de 37,03 millones de euros en 2006, a unas pérdidas de más de 20 millones de euros. Estas se deben fundamentalmente al incremento de los gastos de explotación en las empresas públicas andaluzas de Infraestructuras, los Servicios Educativos y RTVA, así como el incremento negativo de los resultados extraordinarios de IDEA.

Pero en realidad, de no ser por las subvenciones que reciben, las pérdidas hubieran ascendido a los 1.200 millones de euros, el importe casi exacto de la deuda histórica reclamado por Chaves al gobierno Zapatero, sólo que las empresas públicas andaluzas  generan ese agujero cada año.