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Canal Sur pregunta en un examen por la ministra a la que se vinculó con Aznar

El Gobierno andaluz ha accedido a que una UTE gestione las oposiciones a Canal Sur. Una de las empresas que la conforman, de Madrid, es manifiestamente cercana al PSOE. Entre las preguntas, figura el nombre de la ministra francesa a la que se atribuyó falsamente un romance con Aznar.

L D (Pedro de Tena) En una de las empresa de la UTE que gestiona el proceso de selección de personal para Canal Sur, algunas de cuyas preguntas, profesionalmente insólitas y  la mayoría de éstas expresamente favorables al PSOE y hostiles a José María Aznar, figura Antonio Pamos de la Hoz que, en carta al director el periódico prosocialista "Público" reconoce que "desde que la edad me convirtió en votante, he apoyado siempre al Partido Socialista. Incluso en los momentos más grises de su historia reciente he votado socialista. Nunca he pedido a cambio más que una gestión digna del país, afín a los principios que defiende." Las empresas que forman la UTE son, extrañamente, una de Madrid, la del señor Pamos y otros y una empresa de Málaga denominada Standby Consultores, SL.

Libertad Digital ha podido averiguar que el hermano de Antonio Pamos de la Hoz, Fernando Pamos de la Hoz, es el abogado que se encargó de la defensa del PSOE en el caso del Tamayazo y también es el abogad de los empresarios que denunciaron al Ayuntamiento de Madrid en el caso Guateque. Según dijo El País en su día, el abogado presentó “a título personal pero por encargo” una denuncia contra Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, por presunto delito de cohecho… El abogado Fernando Pamos de la Hoz no ha querido desvelar la identidad de las personas que le han encargado presentar esta denuncia".

Según destapó Pepe Contreras en El Economista, las preguntas impuestas a los sorprendidos opositores fueron, por ejemplo, sobre la identidad  de la ministra del gabinete de Sarkozy a la que, falsamente, se le atribuyó un romance con el ex presidente Aznar. Otras  preguntas se referían a la identidad del subdelegado del Gobierno en Cádiz (las cuatro respuestas del test eran erróneas), porque es Sebastián Saucedo, ex alcalde de Chiclana e imputado en delitos por el PP , la fecha de creación de la OIT o el año en el que José Antonio Griñán, vicepresidente del gobierno de Manuel Chaves,  fue ministro de Trabajo.


Una UTE para unas oposiciones minoritarias

Curiosamente, la empresa del señor Pamos, GRUPO ACTUAL SOLUCIONES Y RECURSOS HUMANOS SL, no tiene una antigüedad suficiente para defender una amplia experiencia porque, de hecho, se formó en mayo de 2006. La otra empresa, Standby Consultores, SL, formada en 1999 por Pedro García Molina, María José Zoilo, psicóloga y autora de libros de autoayuda y otros accionistas,, está dedicada, como otras muchas, a los temas de recursos humanos y personal. Dado que las pruebas para el acceso a Canal Sur no son excesivamente amplias, ni por él número de opositores ni por la extensión temporal del proceso, las fuentes consultadas por Libertad Digital no se explican por qué ha sido necesaria la constitución de una UTE para hacerse cargo de la gestión de estas pruebas.

La pregunta sobre Aznar fue inspirada por la publicación errónea de una relación sentimental supuesta entre el ex presidente del gobierno español y una ministra francesa, noticia que fue publicada por un periódico de Marruecos. Esta pregunta estaba incluida en el apartado teórico del concurso oposición, a pesar de que Aznar desmintió aquella información. Saber el nombre de la ministra francesa valía medio punto del total de 30 que conforman el examen escrito.

Según  EL MUNDO , además de que los aspirantes tenían que elegir junto al nombre de la ministra francesa que fue relacionada sentimentalmente con Aznar por el diario marroquí  'L’Observateur', había que detectar el nombre correcto del subdelegado del Gobierno en Cádiz, el número de vuelo de Spanair en el que murieron 153 personas al estrellarse el avión en el aeropuerto de Barajas (JK 5022), la cuantía de la sanción impuesta al juez Rafael Tirado por el caso Mari Luz (1.500 euros) y el club sevillano en el que milita la piragüista sevillana Beatriz Manchón (Círculo de Labradores). 

Los que superen esta prueba se someterán al supuesto práctico, sobre un máximo de 70 puntos.

Varios opositores manifestaron a este periódico su «indignación» por el contenido de la prueba teórica, de la que criticaron las escasas preguntas sobre actualidad que incluía. De hecho, desde ayer circula a través de SMS una citación anónima convocando a los opositores a una concentración hoy con vistas a la eventual impugnación del examen teórico: «A las 8 reunión en el Pabellón de Andalucía. Tema: impugnar el examen de mierda de redactor. Organizan: redactores Canal [Sur]».

La RTVA inició el pasado 8 de noviembre los exámenes para la cobertura de 112 plazas correspondientes a 20 categorías profesionales, para las que se presentaron 18.705 solicitudes. Este concurso oposición libre está recurrido ante el Tribunal Supremo por la sección sindical de CGT pero la Audiencia Nacional consideró que se trataba de una «medida excepcional» para solventar la sucesión encadenada de «contrataciones indebidas», por lo que era de aplicación el Estatuto de los Trabajadores y no el convenio colectivo ni la Ley de Creación de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). El sindicato ha recurrido ante el Supremo. Si el Supremo falla en contra de la RTVA y Canal Sur, se anularán las oposiciones.,

Para que nos demos una idea de cuál es el sistema de contratación de la RTVA y de Canal Sur digamos que Canal Sur no convocaba un concurso oposición libre desde 1994 . La última convocatoria de empleo de la RTVA, celebrada en septiembre de 2000, fue declarada nula por el Tribunal Supremo, tras estimar el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Licenciados en Imagen y Sonido de Andalucía (Alisa).

A dedo y otros métodos de entrar en Canal Sur

Publicó Libertad Digital en su día que la Radio Televisión Andaluza, empresa pública de la que depende Canal Sur TV, había anunciado, en plenas elecciones, la convocatoria de unas oposiciones "libres" para 112 plazas fijas de diferentes profesiones. Entre los requisitos de la misma se encontraba el privilegio de quienes hubieran trabajado con anterioridad o estén trabajando eventualmente en la empresa. Es decir, una gran oportunidad para "colocar" como fijos a quienes ya se "colocaron" sin pruebas ni oposiciones algunas. Hay que recordar que el Tribunal Supremo hace un mes ya condenó unas oposiciones del mismo tipo por violar los principios de mérito y capacidad.

Ahora, al igual que en estas oposiciones denunciadas y rechazadas por el Tribunal Supremo se pretende, que los trabajadores que acrediten seis meses de relación laboral con la RTVA tengan preferencia sobre los demás en algunos elementos de estas oposiciones, cosa ya condenada. Es decir, todos aquellos alumnos de Imagen y Sonido que esperan competir lealmente para lograr un puesto de trabajo pueden esperar sentados porque tendrán preferencia aquellos que vía directivos, vía sindical o vía "conocidos" haya logrado sin demostración de méritos ni capacidad un contrato anterior.

En concreto, el Tribunal Supremo sentenció que la RTVA y sus sociedades filiales (Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio) « violaron los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública según los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la Constitución, e infringieron asimismo los artículos 53.2 y 55.2.b de la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que obliga a las entidades públicas empresariales a seleccionar el personal laboral a su servicio, mediante convocatoria pública basada en los principios antes citados», según ha informado la Asociación de Licenciados de Imagen y Sonido de Andalucía, impulsora de su recurso..

En suma, el Tribunal Supremo afirmó entonces que la RTVA amparándose en el convenio colectivo (que también es nulo en los artículos que hacen posible la convocatoria, puntualiza la Asociación), «con el pretexto de la promoción interna buscaba eludir la aplicación de los principios constitucionales ya citados de igualdad, mérito y capacidad, y que discriminó sin justa causa a los eventuales aspirantes a los que impidió participar en las pruebas». RTVA ha declinado responder a Alisa y a la sentencia del Supremo y no adelanta si recurrirá al Constitucional.

El Tribunal Supremo, pues, anuló las oposiciones casi "clandestinas" celebradas en la Radio Televisión Andaluza en el año 2000 y que dieron plaza fija a más de 200 trabajadores temporales de la propia RTVA. La convocatoria sólo se difundió en los tablones de anuncios de la RTVA y permitió participar en el proceso de selección únicamente a los trabajadores que llevasen en la empresa al menos seis meses. No permitía concurrir a trabajadores temporales con antigüedad inferior a los seis meses ni a personas que, estando cualificadas, no hubiesen trabajado antes en la RTVA. Es decir, que aprobarían los que la Dirección había decidido que aprobaran sin tener en cuenta la igualdad de oportunidades ni los principios de mérito, capacidad e igualdad ni convocar públicamente las pruebas de selección como manda expresamente la ley. 

En concreto, el sindicato recurrió ante la Audiencia Nacional la disposición adicional segunda del convenio colectivo vigente, por la que 308 trabajadores contratados con carácter temporal se convirtieron en fijos el 1 de enero de 2007 sin someterse a la preceptiva prueba de admisión.

La disposición adicional segunda incluía el compromiso de la empresa y los sindicatos firmantes (CCOO y UGT) de sacar en el primer semestre de 2007 la convocatoria para cubrir los puestos vacantes que figuraban en el anexo de una de las actas de la comisión negociadora.

De esta forma, CGT advierte de que, si el Supremo estima el recurso, «tumbaría» también las oposiciones en curso con las que la RTVA pretende cubrir 112 plazas. Con todo, ni de lejos se resuelve el problema de la concatenación fraudulenta de contratos en la cadena pública andaluza.

El Supremo resolvió que Canal Sur violó los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública, toda vez que restringió aquellas oposiciones a trabajadores que llevasen en la empresa al menos seis meses. La RTVA ha recurrido este fallo ante el Tribunal Constitucional, que debe dictar la sentencia definitiva.

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