"A la Comisión le preocupa que este nuevo gravamen sobre los operadores de telecomunicaciones pueda ser incompatible con las normas de la Unión Europea. Esta aportación parece afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes", dijo la comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, en un comunicado.
Se trata del segundo procedimiento que lanza Bruselas contra el nuevo modelo de financiación de RTVE. El pasado mes de diciembre, el Ejecutivo comunitario ya abrió una investigación en profundidad por considerar que este modelo vulnera además las normas de la UE sobre ayudas públicas. De hecho, Bruselas cree que esta tasa podría constituir un "subsidio ilegal" para RTVE.
Ambas investigaciones continuarán ahora "en paralelo", según explicó el portavoz de Telecomunicaciones, Jonathan Todd. La Comisión también ha abierto dos expedientes contra el modelo de financiación de la televisión pública en Francia, en el que se inspira el español.
Telecos, cadenas privadas y cadenas de pago
El nuevo modelo, que entró en vigor en septiembre, suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9 por ciento de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3 por ciento, y a las de pago el 1,5 por ciento.
El Ejecutivo comunitario cree que la tasa que se aplica a los operadores de telefonía "no está relacionada con los costes de regular el sector sino que está relacionada con la ausencia de ingresos publicitarios", según explicó el portavoz.
Según las normas sobre telecomunicaciones de la UE, las tasas cobradas a los operadores de telecomunicaciones solo pueden sufragar determinados costes administrativos y de reglamentación (principalmente las autorizaciones y las tareas de regulación) y deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas. También se debe consultar oportunamente a las partes interesadas. "A la Comisión le preocupa el hecho de que la nueva tasa podría incumplir estas condiciones", según informó en un comunicado.
La apertura del expediente adopta la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. El Gobierno tiene ahora un plazo de dos meses para responder a la denuncia de Bruselas. Si los argumentos de España no le convencen, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Servicio universal
La Comisión también archivó este jueves un expediente contra España después de que este país modificara su legislación para ajustarse a los requisitos de la directiva de servicio universal, sobre todo en materia de financiación.
España también ha convocado una licitación para las prestaciones de servicio de consulta de números de abonado en el ámbito de aplicación del servicio universal y ha puesto en marcha una consulta pública con vistas a una nueva designación de empresas para la prestación del resto del servicio universal (esto es, acceso desde una ubicación fija, teléfonos públicos de pago y guías telefónicas).
En junio de 2007, la Comisión había emprendido acciones contra España en relación con su mecanismo de designación y financiación de los proveedores de servicio universal. Según las normas sobre telecomunicaciones de la UE, los Estados miembros deben cerciorarse de que ningún proveedor quede automáticamente excluido al designar los proveedores del servicio universal. Sin embargo, las autoridades españolas parecían haber excluido al menos a una empresa que había manifestado su interés por prestar un elemento del servicio universal.
Los Estados miembros también pueden conceder a los proveedores del servicio universal compensación por ofrecer estos servicios en caso de que consideren que esto representa una carga injusta para los proveedores y previa petición del operador designado. Sin embargo, la legislación española daba a entender que estos requisitos no eran necesarios antes del establecimiento de un mecanismo financiero. Con los cambios realizados en la legislación española, Bruselas cree que se resuelven estos problemas y por ello archiva el caso.