Boliden no ha pagado ni un euro por el desastre de Aznalcóllar

LD (Pedro de Tena) El grupo sueco Boliden no ha realizado pago alguno de los más de 90 millones de euros que debe pagar a la Administración andaluza por el desastre ocurrido en las minas de Aznalcóllar (Sevilla) en 1998, tal y como ha denunciado el Gobierno autonómico.

Informa Europa Press que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, reconoce que por el momento, pese a que hace ya más de cinco años desde que se inició su reclamación por la vía administrativa, el Grupo Boliden no ha realizado ni un pago de los más de 90 millones de euros que debe pagar a la Administración andaluza en relación con los costes y gastos asumidos para hacer frente a los trabajos de restauración de la cuenca del Guadiamar derivados del vertido producido en 1998 en las minas de Aznalcóllar (Sevilla).

Se ha sabido por la respuesta a la pregunta escrita del PP-A en el Parlamento andaluz. De este modo la Junta ni logra que Boliden pague ni ha solucionado el paro de los mineros parados desde entonces.

Nada menos que a unos 90 millones de euros, unos 15.000 millones de las antiguas pesetas, ascienden los costes impagados por la empresa sueca que en 2002 ya anunció que no iba a pagar ni un duro de la indemnización debida por el desastre de Aznalcóllar porque según ella el desastre había sido causado por un "agente exterior" cuya identidad amenazó con desvelar. Hay quien se pregunta si fue alguna empresa vinculada a la Junta de Andalucía y contratada por Boliden el "agente exterior" causante de los vertidos, pero nada ni nunca se ha investigado sobre ello.

Piden soluciones a la Junta

Sólo hace dos meses que unas 600 personas o más de 3.500 según quien valorara la manifestación coparon la plaza de la Constitución de Aznalcóllar (Sevilla) en un gesto de respaldo a los ex mineros de Boliden y su reclamación en cuanto a que la Junta de Andalucía resuelva su futuro, lo que se ha traducido en notables perjuicios sobre el tráfico rodado del municipio. 15 años después.

En su respuesta al PP-A, la consejera aclara que "si bien este sería el coste total de la regeneración reclamada, hay que añadir que la Junta de Andalucía adquirió la titularidad de las tierras y decidió convertir ese espacio en un Corredor Verde, acciones que han supuesto un coste adicional, que, lógicamente, no forma parte de la reclamación".

Además señala el desglose de lo reclamado, pues a la Consejería de Agricultura y Pesca le corresponde 46.979.379,26 euros por la primera fase de retirada de lodos; mientras que a la Consejería de Medio Ambiente le debe 14.460.050,71 euros por la segunda fase de retirada de lodos; 2.483.913,55 euros por el control y seguimiento de la calidad ambiental; 5.231.515,95 euros correspondiente a la restauración ecológica; y 2.093.661,17 euros asistencia técnica y actividades complementarias. Por último, a la Consejería de Salud le corresponden 2.065.585,40 euros por actuaciones sanitarias.

Con motivo de la reclamación del Gobierno andaluz, que se inició en marzo de 2004, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) impuso a la empresa matriz de Boliden una fianza por un importe de 107,83 millones de euros. En un auto dictado en julio de ese mismo año, el alto tribunal acordó estimar el recurso presentado por Boliden y suspender el procedimiento administrativo emprendido por la Junta "siempre y cuando la entidad recurrente preste caución que comprenda el importe de 89,86 millones de euros más un 20 por ciento sobre esa cantidad para gastos y costas", lo que suponía una cantidad global de 107,83 millones de euros.

De este modo, el TSJA condicionó la suspensión cautelar de la reclamación económica formulada por la Junta al depósito de avales por parte del Grupo Boliden por un importe equivalente a la cantidad demandada por la administración autonómica, lo que en la práctica implicaba que por primera vez la empresa se veía obligada a hacer frente a un pago económico por vía judicial.

Boliden decidió recurrir el auto del TSJA, primero ante el Alto Tribunal andaluz y posteriormente ante el Supremo, y la Junta ya advirtió de que iniciaría el embargo de los bienes que tiene Boliden en España, Holanda o en Suecia si la empresa sueca o sus filiales no depositaban el citado aval. La empresa aseguró que no iban a poder embargarle ninguno de sus bienes

La Junta posteriormente acudió al TS para reclamar a la empresa los costes económicos que conllevó el vertido tóxico, tras el rechazo del TSJA

Embargo cautelar

Además, la Justicia sueca admitió a trámite un recurso interpuesto por la Junta en el que solicita un embargo cautelar por valor de 141 millones de euros a la multinacional Boliden para que ésta haga frente a los costes. Para ello, el Gobierno andaluz debe hacer frente a la cuantía económica que le corresponde aportar ante la justicia sueca, a modo de 'caución', al objeto de que en el país escandinavo sea "ejecutivo" el requerimiento que, en junio de 2007, dictó el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla para reclamar esos 141 millones de euros.

La decisión de la Junta de reclamar estos gastos al Grupo Boliden por vía administrativa se produjo después de que la Audiencia Provincial de Sevilla no admitiera a trámite la demanda por vía civil planteada por la Junta y desestimara con anterioridad el recurso del Ejecutivo andaluz contra el archivo de las actuaciones penales por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), recurrido de nuevo en amparo ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno andaluz.

La rotura de la balsa de la mina de Boliden Apirsa el 25 de abril de 1998 provocó el vertido de seis millones de metros cúbicos de aguas ácidas y lodos contaminados en las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar. La mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.

Boliden mantiene su postura

El primer viernes de agosto de 2002, el Gobierno español decidió sancionar a la empresa sueca Boliden Apirsa S.L., filial de Boliden AB, con una multa de 45 millones de euros (alrededor de 500.000 millones de coronas suecas) por la tragedia ecológica de Doñana ocurrida el 25 de abril de 1998. Aquel fue el peor desastre medioambiental de la historia de España y se produjo al reventar el depósito de residuos piríticos de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), provocando el vertido de cinco millones de metros cúbicos de lodos con arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados, que contaminaron el entorno natural de Doñana.

Tres días después de la decisión del Gobierno español de multar a la empresa, Ulf Söderström, director de comunicación de Boliden, explicó ayer a la Radio Nacional sueca, que hasta ahora su empresa no había recibido comunicación oficial alguna por parte de España. De cualquier forma, quiso dejar "muy claro" que su empresa no sólo no pagará la multa, sino que si Madrid persiste en su empeño desvelarán al verdadero culpable de la tragedia. Un culpable que, según este portavoz, es "un agente (empresa) exterior, que no está en forma alguna relacionado con Boliden AB".

"No pagaremos ni un céntimo"

"Quiero decir ante todo que estamos sorprendidos. Boliden, pasados ya tres días de producirse la noticia en España, todavía no ha recibido anuncio o notificación alguna de su Gobierno". El director de comunicación de la compañía explicó que su empresa no piensa pagar "un sólo céntimo de multa" y recordó que un tribunal español dictaminó en su día que Boliden no tuvo culpa alguna de la rotura de la balsa: "Boliden AB fue exculpada en la causa penal abierta contra ella en la Audiencia Provincial de Sevilla, que la archivó el año pasado".

Söderström dijo que tanto él como los demás responsables de la empresa se enteraron el sábado por medio de la prensa de la exigencia de España y que si pretenden hacer efectiva esa sanción descubrirán a los verdaderos responsables de la tragedia. Aunque no quiso "de momento" desvelar a quién se refería al hablar de "los verdaderos culpables", sí comentó que se trata de una compañía totalmente ajena a Boliden AB.