L D (EFE) En el discurso de apertura de un seminario sobre "El futuro espacio de libertad y justicia en la UE", organizado por el Instituto de Estudios Europeos-CEU, el jefe del Ejecutivo dijo que la reforma de la Ley de Extranjería "mantendrá íntegramente el catálogo de derechos" de los inmigrantes, "sea cual sea su situación", incluso "determinados derechos de asistencia sanitaria y educativa", por lo que España seguirá "siendo, con mucho, el país europeo donde los extranjeros disfrutan de mayores derechos", según dijo el presidente.
La modificación de la Ley de Extranjería incluirá una reforma de los cauces para la llegada de inmigración legal, para lo que se propondrá una mejora en la gestión de permisos y visados por la que "el visado concedido en el país de origen podrá servir como permiso de residencia y permiso de trabajo". Así, "donde hay ahora tres trámites largos y muy lentos habrá un único trámite que deseamos cumplir con la mayor rapidez", porque "queremos que la burocracia no sea un obstáculo a la inmigración legal, sino favorecer las medidas administrativas y de gobierno en favor de la inmigración legal".
Se reforzarán también los "procedimientos de control y de expulsión de extranjeros que accedan de manera ilegal" a España, y se incorporarán a la legislación las "observaciones" del Tribunal Supremo, que el pasado mes de marzo anuló trece artículos del reglamento que desarrolla la actual Ley de Extranjería. Se reforzará también "el cuadro de sanciones para la inmigración ilegal" y se aumentarán "las obligaciones de los transportistas", porque advirtió de que no son las pateras el método por el que entran ilegalmente mayor número de inmigrantes, sino los aeropuertos.
El presidente resumió en dos los objetivos de la reforma: "favorecer la inmigración y fortalecer claramente la lucha contra la inmigración ilegal" porque "queremos que sea más fácil que cada extranjero que quiera venir a España pueda llegar aquí contando con un permiso de entrada y de residencia respetando siempre la capacidad real de acogida que tenemos, que no es ilimitada". Dijo que también se pretenden "cerrar resquicios para quienes se aprovechan de los inmigrantes, para traerles a España, donde una vez que les han colocado fuera de la ley sólo puede tener el futuro de la explotación y la marginación".
A su juicio, un asunto "tan serio" como el de la inmigración debe contar con la disposición favorable de la oposición, si bien recordó que hace cuatro años todos los grupos parlamentarios se aliaron para aprobar una ley que produjo "un efecto llamada que aún estamos padeciendo". Aznar reconoció que esta reforma puede ser "pasto de la demagogia" pero señaló que pretende obtener "el máximo consenso posible" con otras fuerzas políticas e instó a la oposición a que muestre su disposición para ello. España ha recibido, según Aznar, un aumento del 65 por ciento en el número de inmigrantes ilegales, pero eso no debe impedir el principio según el cuál "la única forma admisible de entrar y de permanecer en España y en la UE debe ser respetando la ley" porque "transigir con la ilegalidad es condenar al inmigrante" a ser objeto de los traficantes de personas.
Esta reforma de la ley de extranjería se enmarca en el Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia, en el que se incluye la prioridad de los Estados de Derecho para luchar contra el terrorismo que, según Aznar, dado que es "global", debe ser respondido de una forma también global. En este sentido, el presidente repasó las medidas adoptadas en España, en la UE y en las Naciones Unidas desde el 11-S, incluida la decisión de Estados Unidos de situar a Batasuna en su lista de organizaciones terroristas, y "reivindicó la paternidad española" en una parte "no desdeñable" de esos esfuerzos.
La modificación de la Ley de Extranjería incluirá una reforma de los cauces para la llegada de inmigración legal, para lo que se propondrá una mejora en la gestión de permisos y visados por la que "el visado concedido en el país de origen podrá servir como permiso de residencia y permiso de trabajo". Así, "donde hay ahora tres trámites largos y muy lentos habrá un único trámite que deseamos cumplir con la mayor rapidez", porque "queremos que la burocracia no sea un obstáculo a la inmigración legal, sino favorecer las medidas administrativas y de gobierno en favor de la inmigración legal".
Se reforzarán también los "procedimientos de control y de expulsión de extranjeros que accedan de manera ilegal" a España, y se incorporarán a la legislación las "observaciones" del Tribunal Supremo, que el pasado mes de marzo anuló trece artículos del reglamento que desarrolla la actual Ley de Extranjería. Se reforzará también "el cuadro de sanciones para la inmigración ilegal" y se aumentarán "las obligaciones de los transportistas", porque advirtió de que no son las pateras el método por el que entran ilegalmente mayor número de inmigrantes, sino los aeropuertos.
El presidente resumió en dos los objetivos de la reforma: "favorecer la inmigración y fortalecer claramente la lucha contra la inmigración ilegal" porque "queremos que sea más fácil que cada extranjero que quiera venir a España pueda llegar aquí contando con un permiso de entrada y de residencia respetando siempre la capacidad real de acogida que tenemos, que no es ilimitada". Dijo que también se pretenden "cerrar resquicios para quienes se aprovechan de los inmigrantes, para traerles a España, donde una vez que les han colocado fuera de la ley sólo puede tener el futuro de la explotación y la marginación".
A su juicio, un asunto "tan serio" como el de la inmigración debe contar con la disposición favorable de la oposición, si bien recordó que hace cuatro años todos los grupos parlamentarios se aliaron para aprobar una ley que produjo "un efecto llamada que aún estamos padeciendo". Aznar reconoció que esta reforma puede ser "pasto de la demagogia" pero señaló que pretende obtener "el máximo consenso posible" con otras fuerzas políticas e instó a la oposición a que muestre su disposición para ello. España ha recibido, según Aznar, un aumento del 65 por ciento en el número de inmigrantes ilegales, pero eso no debe impedir el principio según el cuál "la única forma admisible de entrar y de permanecer en España y en la UE debe ser respetando la ley" porque "transigir con la ilegalidad es condenar al inmigrante" a ser objeto de los traficantes de personas.
Esta reforma de la ley de extranjería se enmarca en el Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia, en el que se incluye la prioridad de los Estados de Derecho para luchar contra el terrorismo que, según Aznar, dado que es "global", debe ser respondido de una forma también global. En este sentido, el presidente repasó las medidas adoptadas en España, en la UE y en las Naciones Unidas desde el 11-S, incluida la decisión de Estados Unidos de situar a Batasuna en su lista de organizaciones terroristas, y "reivindicó la paternidad española" en una parte "no desdeñable" de esos esfuerzos.