Aumentan las sospechas de denuncias falsas por violencia doméstica

L D (EFE) Una denuncia de malos tratos en un juzgado de Violencia sobre la Mujer puede tener consecuencias "muy drásticas y rápidas", como la detención del presunto agresor o una orden de alejamiento del domicilio familiar y de los hijos, explica el abogado Luis Zarraluqui, titular de un prestigioso despacho especializado en Derecho Familiar.

Por eso, dice este experto, "hay quien intenta coger el atajo, el camino más rápido, y hace tiempo que, aunque es difícil de constatar, venimos detectando la existencia de denuncias falsas, que pretenden alterar la situación de paridad para el inicio de un divorcio".

El pasado 31 de mayo el juzgado de Violencia Doméstica de Sevilla archivó una causa contra un hombre que estuvo encarcelado once meses por ocho denuncias de maltrato presentadas por su mujer, que además se autolesionó con un cúter, y contra la que el juez ha deducido testimonio y dado traslado a la fiscalía por un presunto delito de denuncia o acusación falsa.

La única estadística oficial que se aproxima a este asunto es la Memoria de la Fiscalía de 2008, la última publicada, que recogía 18 deducciones de testimonio relacionados con la violencia machista en 2007.

"Sospechas, prejuicios"

El presidente de la Asociación de Madres y Padres Separados, Juan Luis Rubio, afirma que de los 22.000 asociados a la organización, un 60 por ciento declara haber sido víctima de una denuncia falsa.

"Tal y como están las cosas, ningún juez se atrevería a archivar o absolver una denuncia que tenga el más mínimo indicio de ser verdad. Muchos hombres están siendo detenidos e ingresados preventivamente en contra de la Constitución y luego son declarados inocentes", se lamenta.

Sólo con una denuncia por amenazas o maltrato, explica, el juzgado dicta una orden de alejamiento, por la cual el padre no se puede acercar ni a la madre ni al hijo hasta que se celebre el juicio. "En todo ese tiempo, que puede ser de meses, se va perdiendo mucho en la relación padre-hijo".

Rubio, que asegura que en la asociación no admiten hombres que han sido condenados, y sí a los que están absueltos o pendientes de sentencia, cree que entre las absolutorias muchas responden a denuncias falsas.

"Hemos pasado de un extremo al otro"

Los hay críticos contra la Ley Integral ya desde sus principios. La magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona María Sanahuja considera que el número de testimonios que se conocen por denuncias falsas "siempre son y serán pequeños, pero eso no significa que no se produzcan en muchas ocasiones. Perseguirlas es muy difícil, porque es la palabra de uno contra la del otro".

En opinión de esta jueza, que fue decana de los juzgados de Barcelona, "hemos pasado de un extremo al otro a lo salvaje. Del pasado, en que no servía la palabra de la mujer ni para comenzar una investigación, a la situación actual en la que esa palabra, casi sin nada más, ya sirve para una condena".

El Código Penal, dice, debe volver a "terrenos de normalidad, de racionalidad, que se ajuste la gravedad del hecho a la gravedad de la condena, y que la práctica policial y judicial se adecúe a los principios de la democracia, no detener a alguien sin investigación previa", agrega Sanahuja.

El CGPJ minimiza las denuncias falsas

Sus opiniones contrastan con la de Paloma Marín, que señala que "cuando se afirma que hay muchas denuncias falsas, se está hablando de sospechas, prejuicios, de nada objetivo, porque no hay datos", Marín es la jefa de sección del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y señala que, de ser ciertas esas denuncias falsas, -extremo que sólo se podría confirmar con una sentencia condenatoria-, se trataría de 18 casos frente a las 126.000 denuncias por malos tratos que hubo en 2007 en los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Según este organismo dependiente del CGPJ, en 2008 el número de denuncias se elevó a 142.125, de ellas un 11,33 por ciento (16.000) fueron retiradas durante el proceso. De las 49.600 sentencias dictadas en el ámbito de la violencia de género, el 63 por ciento fueron condenatorias y el 37 por ciento absolutorias.
 
Marín tiene el convencimiento de que no se está produciendo un uso abusivo o fraudulento de la Ley Integral de Violencia de Género, "los mecanismos funcionan adecuadamente", y considera "absolutamente incierto" que las víctimas de la violencia puedan conseguir beneficios respecto a la pensión de alimentos o la atribución de la vivienda.

"No hay una regulación diferenciada para estas mujeres y el resto. El ordenamiento es idéntico", asegura. Explica que, sin embargo, "sí se ha jugado con la guarda y custodia de los menores cuando los padres se han percatado de su vinculación con la atribución del domicilio, o para conseguir un convenio regulador en condiciones más favorables".
 
Perseguir y condenar

La jueza Raimunda de Peñafort, durante años titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Madrid, dice que la absolución puede producirse por muchas causas, por falta de pruebas o de acusación, ya que hay mujeres que no declaran contra ellos porque la ley se lo permite".

"Si deciden no declarar, y no hay un parte de lesiones claro, es más difícil la condena, pero la absolución no quiere decir que haya habido una falsedad", advierte Peñafort. "Denuncias falsas hay pocas -afirma-. Pero, si las hay, que se persigan y se condene a la mujer que las pone. Hay que ser implacables, no se pueden consentir por el perjuicio que hacen".

Los enemigos de la Ley Integral dijeron desde el primer momento que se iban a producir este tipo de denuncias, pero son también enemigos de la ley, afirma, "quienes no exigen su aplicación con todo el rigor. Si se permite que una mujer impunemente presente una sola denuncia falsa, se está torpedeando la credibilidad de la ley".

Del mismo modo que se obstaculiza la ley permitiendo que una mujer deje sin efecto una decisión judicial como es una orden de alejamiento. "En los casos de quebrantamiento de esta medida habrá un autor material, pero también puede haber una inductora con responsabilidad penal, y se le debe reclamar como si fuera un hombre", agrega.

Dilucidar quién tiene la culpa de las situaciones de abuso de la ley es muy difícil, explica el abogado Luis Zarraluqui. "La población está muy informada, pero también en nuestra profesión hay personas que son una lacra, que operan de una manera deshonesta".

Son profesionales -dice- que, para conseguir un determinado resultado, no les importa aconsejar a sus clientes que vulneren la verdad y los derechos de los demás "sin reparar en el daño producido tanto a personas que pueden ser inocentes, como al propio sistema".