L D (EFE) La presidenta de la FELGT, Beatriz Gimeno, subrayó que los alcaldes tienen derecho a expresar su desacuerdo con una ley, pero "tienen obligación de acatarla". Gimeno argumentó que en un Estado de Derecho "las leyes emanan del Parlamento, elegido por el pueblo, y hay que aplicarlas. Las personas que están llamando a la desobediencia civil demuestran un nulo talante democrático, ellos mismos se están retratando".
La presidenta de la Federación añadió que un alcalde puede delegar esta función en otro funcionario del ayuntamiento y, en todo caso, "los jueces no pueden negarse" a casar a estas personas. Tras recordar que hay alcaldes populares que sí han anunciado su disposición a casar a homosexuales, entre los que citó al de Madrid y al de Vitoria, Gimeno recomendó a los votantes de los alcaldes que se niegan a cumplir con dicho deber que "lo tengan en cuenta" cuando ejerzan su derecho al sufragio.
Por su parte, la Fundación Triángulo por la Igualdad de Gais y Lesbianas puso de manifiesto que estos alcaldes "sobrepasan lo permisible en un estado de Derecho, sobre todo teniendo en cuenta que para tomar posesión de sus cargos han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y todas las normas que nos rigen". En opinión del vicepresidente de la Fundación, José María Núñez Blanco, "no es de recibo que ningún representante público imponga sus creencias religiosas al ejercicio de su cargo político. Resulta inadmisible".
La presidenta de la Federación añadió que un alcalde puede delegar esta función en otro funcionario del ayuntamiento y, en todo caso, "los jueces no pueden negarse" a casar a estas personas. Tras recordar que hay alcaldes populares que sí han anunciado su disposición a casar a homosexuales, entre los que citó al de Madrid y al de Vitoria, Gimeno recomendó a los votantes de los alcaldes que se niegan a cumplir con dicho deber que "lo tengan en cuenta" cuando ejerzan su derecho al sufragio.
Por su parte, la Fundación Triángulo por la Igualdad de Gais y Lesbianas puso de manifiesto que estos alcaldes "sobrepasan lo permisible en un estado de Derecho, sobre todo teniendo en cuenta que para tomar posesión de sus cargos han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y todas las normas que nos rigen". En opinión del vicepresidente de la Fundación, José María Núñez Blanco, "no es de recibo que ningún representante público imponga sus creencias religiosas al ejercicio de su cargo político. Resulta inadmisible".