Aragón se opone al trasvase pero encarga un informe para determinar si lo es o no

LD (Agencias) El Ejecutivo aragonés, en una sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno, ha aprobado hoy un Acuerdo, por el que se adoptan tres medidas sobre el abastecimiento de agua a Barcelona. Las medidas aprobadas son las siguientes: instar al Gobierno central a que aporte toda la información; encargar un informe para determinar la naturaleza jurídica del proyecto y pedir a las Cortes de Aragón que inicien la elaboración de otro informe.

 

La reunión, convocada hoy por el presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, tenía como objetivo analizar y adoptar una postura ante la prolongación del minitrasvase del Ebro a Tarragona, pactado ayer entre el Gobierno de España y la Generalidad de Cataluña con el fin de aportar a Barcelona y su entorno 50 hectómetros cúbicos de agua procedente de excedentes de los regantes del Delta.

 

El Gobierno de Aragón instará a la Administración General del Estado a que aporte toda la información, con carácter de urgencia, a la Comunidad Autónoma de Aragón sobre el proyecto. También encargará a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón y a la Comisión Jurídica Asesora la elaboración de un informe, que determine jurídicamente la naturaleza del proyecto. La tercera medida será instar a las Cortes de Aragón que, como medida preventiva, se inicie la elaboración del informe preceptivo previsto en el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, poniendo a disposición de las Cortes los medios técnicos del Gobierno.

 

El Gobierno de Aragón reitera su oposición a cualquier trasvase del Ebro, en correspondencia con el artículo 19.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que obliga a los poderes públicos aragoneses a "velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma". Asimismo, el Gobierno de Aragón recuerda que entre las medidas del acuerdo de Gobierno de coalición suscrito entre el PSOE y el PAR, que figura expresamente la "oposición a cualquier trasvase del Ebro".

 

El Ejecutivo autónomo subraya que, "en aras del respeto a la unidad de cuenca, la Administración General del Estado no puede adoptar acuerdos con una Comunidad Autónoma, de forma bilateral, que puedan afectar a otros territorios". Recuerda a la Administración General del Estado que debe adoptar los mecanismos de participación previstos en la legislación vigente, sin que los motivos esgrimidos de urgencia ni los plazos anunciados puedan justificar la suplantación de lo previsto en la normativa. Asimismo, señala que el Estatuto de Autonomía de Aragón "obliga al Gobierno de España a propiciar el acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas"

 

El presidente del Ejecutivo autónomo, Marcelino Iglesias, ha afirmado que "el Gobierno no tiene ninguna duda respecto al cumplimiento estricto del Estatuto de Autonomía y, a partir de ahí queremos analizar con serenidad esta cuestión que en cualquier sitio levanta muchas expectativas y muchas pasiones".

 

Iglesias apuntó que "este análisis quiero que se haga con suficiente serenidad porque es la mejor manera de acertar en las decisiones de gobierno".

Respecto a la reacción de los gobiernos valenciano y murciano, Marcelino Iglesias consideró que "es una reacción bastante lógica".

 

El consejero de Medio Ambiente ha estimado que "el Ejecutivo aragonés ha actuado "rápidamente, se ha hecho un Consejo de Gobierno extraordinario y hemos implementado unos acuerdos" por los que "nos vamos a dirigir al Gobierno de la nación" puesto que "hay que poner en marcha toda una serie de mecanismos de participación que se derivan del Estatuto de Autonomía de Aragón".

 

Boné ha asegurado no haber tenido ningún contacto con su consejero homólogo en Cataluña y ha subrayado que "lo más importante es que conozcamos el proyecto, se elabore ese informe y sepamos jurídicamente la naturaleza del proyecto".

 

Según el punto 3 del artículo 19 del Estatuto de Aragón, corresponde a los poderes públicos de la Comunidad, de acuerdo a la legislación, "velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras".

Además, el artículo 72 subraya que la Comunidad aragonesa "participará y colaborará en la planificación hidrológica y en los órganos de gestión estatal de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pertenecen a cuencas hidrográficas intercomunitarias que afecten a Aragón".