Aprobada la reforma del Código Penal con la eliminación de la pena de arresto de fin de semana

L D (EFE) Con el voto contrario del PSOE, del Grupo Mixto, la abstención del PNV y el apoyo de CiU y el PP, el Pleno rechazó las enmiendas a la reforma, que incorpora nuevos delitos como la sustracción de teléfonos móviles, maltrato de animales domésticos, contra la protección de la propiedad intelectual y violencia en el deporte. Además, se amplía el ámbito de protección como los relativos a la pornografía infantil, narcotráfico, acoso sexual, blanqueo de capital o falsificación de moneda.

La portavoz del PNV, Margarita Uría, aseguró que la tramitación parlamentaria de este proyecto se ha llevado a cabo de espaldas a su partido, mientras que, por el contrario, el de CiU, Manuel Silva, expresó su satisfacción por la incorporación de la mayoría de las enmiendas que habían presentado y, en particular, las referidas a la violencia doméstica. No obstante, Silva indicó que quedan "importantes asignaturas pendientes" que confió se incorporen a la ley en el trámite del Senado.

Los portavoces socialistas Javier Barrero y Julio Villarrubia criticaron tanto la forma del proyecto, que calificaron de "antidemocrática" como el fondo de la reforma, por lo que expresaron su "rechazo y reproche" a la misma. Según el PSOE, la supresión de la pena de arresto de fin de semana y su sustitución por penas cortas privativas de libertad tendrá "consecuencias absurdas", ya que impedirá el cumplimiento de las prestaciones económicas en casos de divorcios y separaciones. Para los diputados socialistas, el proyecto diseña "un Derecho Penal más represivo y muy fuerte con los débiles y débil con los fuertes".

Leocadio Bueso, del PP, indicó que se ha suprimido del texto el arresto de fin de semana porque esta pena ha sido "ineficaz" y explicó que es sustituida por la de localización permanente -que se crea en esta ley-, por la de prisión de corta duración o por la de trabajo en beneficio de la comunidad. Bueso, que rechazó las críticas al trámite parlamentario que se ha seguido con este proyecto de ley, recalcó que la norma está encaminada a otorgar a los jueces y tribunales más capacidad para valorar las circunstancias concretas del delito y los daños causados.