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Andalucía, también a la cola en la atención de los ancianos

Los servicios sociales en Andalucía tan sólo llegan a un 2 por ciento de los ancianos. Un estudio de la Junta de Andalucía revela que los recursos públicos para los mayores de 65 años son "muy limitados" en la comunidad.

L D (Pedro de Tena) No existe un boom de los asilos, ya que sólo un 3 por ciento vive en estos hogares compartidos. La caída de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida, junto con el desarrollo del Estado del Bienestar y las diferentes políticas sociales, han favorecido un incremento de la población mayor de 65 años, que en la actualidad asciende a 7,3 millones en España (un 16,6 por ciento del conjunto de la población) y 1,1 millones en Andalucía (un 14,6 por ciento).

Se conforma una nueva realidad que tiende a seguir creciendo, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que, en 2060, una de cada tres personas será mayor de 65 años y especula con una nueva denominación: la cuarta edad para los que tengan dependencia fisiológica y quede la tercera para quienes acaban de salir del mercado laboral y estén bien de salud. Así lo ve la revista De Mayores. La Junta oculta la realidad.

Ante esta perspectiva, el Centro de Estudios Andaluces, entidad dependiente de la Consejería de la Presidencia de la Junta, ha publicado el informe La situación social de los mayores en Andalucía, donde radiografía esta etapa de la vida bajo una visión "alejada de las viejas concepciones que colocan a todos los mayores de 60 años en un mismo grupo, identificados como pensionistas o jubilados". Según el informe, Andalucía parte en claro retroceso con respecto a las restantes comunidades autónomas en cuanto al índice de cobertura que ofrece a su población mayor de 65 años.

"El desarrollo del sistema público de servicios sociales continúa siendo muy limitado, especialmente en Andalucía", afirma el estudio, que detalla en las conclusiones a modo de ejemplo que, "aquí, la ayuda a domicilio se encuentra aún más débilmente implantada aún de lo que está en España; no así la teleasistencia, aunque tampoco destaque Andalucía por ser una de las comunidades donde mayor cobertura tiene". Plazas tanto en centros de día para personas mayores dependientes como en centros residenciales hay también comparativamente menos en la región que en el país.

En resumen, los servicios sociales públicos apenas atienden a un escaso 2 por ciento de la población andaluza con más de 65 años. En números brutos, el estudio aporta que 38.041 usuarios solicitaron la ayuda a domicilio –el 41,3 por ciento con más de 80 años–, 41.174 la teleasistencia –l 81,3 por ciento mujeres–, 4.265 los centros de día –más del 70 por ciento de las plazas son concertadas, cerca del 20 por ciento privadas y sólo el 10 por ciento públicas– y 32.367 los centros residenciales, con datos de 2006.

Los abuelos, pero sobre todo las abuelas según el informe, necesitan de servicios como la ayuda a domicilio o la teleasistencia, debido a la "cada vez más elevada propensión a residir en solitario". Ellos, en más de un 80 por ciento, habitan en el hogar propio rodeados de esposas y algún otro descendiente, pero en el caso de las mujeres apenas un 55 por ciento vive en casa acompañadas, porque otro porcentaje considerable reside en solitario o ha tenido que mudarse al domicilio de familiares.

Pese al imaginario social, el informe desmiente el estereotipo de que en la actualidad haya un boom de los asilos, dada la supuesta incapacidad de la familia moderna de atender como es de recibo a los abuelos. "Se habla de egoísmo de los hijos y de abandono de ancianos, cuando los datos reales dejan claro que no llegan a representar el 3 por ciento los mayores que vive en hogares colectivos", aclara. Los datos "reales" del informe niegan que haya muchos mayores recluidos en residencias o que la institucionalización esté ganando terreno a otras formas de convivencia.

Pueda ser por decisión del anciano o por las carencias del sistema, existe un importante déficit público en la cobertura de las necesidades de los mayores , "algo que no es nuevo sino que viene ocurriendo desde siempre". El informe, en sus más de 100 páginas, sólo refleja un atisbo de esperanza en que, "quizás", esta circunstancia comience a enmendarse con la aplicación progresiva de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que a principios de 2008 ha cumplido un año en vigor.

Cómo presenta la Consejería de Presidencia este mismo informe: ni una palabra sobre la mala asistencia a los ancianos andaluces.

Lo hace de este modo: "La relevancia de este informe reside en el análisis de la situación de los mayores en un contexto complejo y heterogéneo, abandonando las viejas concepciones que identifican a los mayores de 65 años como meros pensionistas o jubilados. Esta investigación, desarrollada por Antonio Trinidad Requena y Juan López Doblas de la Universidad de Granada, presenta una realidad social compleja con una elevada heterogeneidad, tanto en su situación social, económica, sanitaria, educativa o de indicadores de ocio.

En la actualidad, Andalucía presenta una de las estructuras demográficas menos envejecidas de España. Frente al 16,6 por ciento de población mayor de 65 años en España (7.332.267 personas), Andalucía cuenta con un porcentaje inferior: el 14,6 por ciento de la población tiene más de 65 años, lo que supone 1.145.356 personas. Aún así, el proceso de envejecimiento de la población se está acelerando mucho en las últimas tres décadas. Dentro de la región, las provincias interiores de Jaén, Córdoba y Granada se distinguen de las demás por tener tasas de envejecimiento superiores.

En el informe, los autores muestran algunas de las claves que constatan el incremento del bienestar social en este grupo de población, como la ampliación de la etapa matrimonial, el retroceso de la viudedad o el avance de la vida en solitario entre los mayores, que manifiestan un creciente deseo de autonomía. Asimismo, presentan algunos problemas particularmente importantes en Andalucía como el bajo nivel de estudios o la inferior capacidad económica comparada con otras Comunidades Autónomas. A lo largo de todo el trabajo, se encuentra muy presente la diferenciación entre sexos ya que ofrecen resultados significativamente dispares en la mayor parte de los indicadores sociales estudiados."

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