Andalucía encabeza las sospechas de fraude a la Ley de Dependencia

L D (Pedro de Tena) Atendiendo a las cifras de población en España, la dependencia y sus secuelas deberían afectar proporcionalmente a todas las regiones españolas pero según los datos del Imserso, Andalucía acumula casi la tercera parte de las solicitudes de ayuda por dependencia de España cuando sólo tiene un 17,8 por ciento del total de la población española. Aún peor es el caso de Navarra donde un número de habitantes que supone el 2,7 por ciento del total de la población ha solicitado ayudas por dependencia. Andalucía es la segunda comunidad de España en solicitudes alcanzando el 2,38% de su población. La media nacional, sin embargo, sólo está fijada en el 1,34 por ciento.

 

Y decíamos "O en Andalucía hay niveles insoportables de dependencia, casi el doble de la media nacional, constituyendo una región menos capacitadas que las otras, con la excepción de Navarra –otro caso escandaloso–, o la Junta de Andalucía es un organismo supereficiente en la tramitación de dichas solicitudes alcanzando niveles de eficacia muy superiores a las demás, o hay una avalancha de solicitudes sin justificar que pretenden un fraude social más".

 

Pues bien, según Antonio Sanz, secretario general del PP, lo que puede estar en marcha es un fraude encubierto en la aplicación de la Ley de Dependencia. Dicho en cristiano, un PER encubierto para familiares de dependientes que la ley considera ayudas excepcionales.

Repasando los datos oficiales a 1 de octubre, lo que más asombra es el elevadísimo número de cuidadores familiares no profesionales reconocidos por la Junta de Andalucía para encargarse de los grandes dependientes. Precisamente es esta una figura que la Ley de dependencia articula como excepcional. En concreto, en su artículo 14.4 expone que: "El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención". Asombra que pese a lo que marca la normativa la prestaciones más concedidas en Andalucía sean precisamente las reservadas para esos casos excepcionales.

En concreto, en Andalucía, ya hay 28.948 cuidadores familiares que tienen reconocidas estas ayudas, sueldos en toda regla. Suponen el 41,87 por ciento de las que hay en toda España. Es decir más de cuatro de cada diez beneficiarios de estos sueldos son andaluces. Dicho de otro modo, el 27,7 por ciento de todas las prestaciones reconocidas en Andalucía son para cuidadores familiares. El mayor porcentaje de toda España seguido por Cataluña (el 23,3 por ciento) y Murcia (22,9 por ciento). Por lo que respecta a Andalucía se calcula que los cuidadores no profesionales por encima de los 65 años se situarían entre el 55 y el 60 por ciento de los reconocidos.

 

Los datos de Trabajo confirman el perfil de esos cuidadores. Por sexo, casi el 95 por ciento de los que perciben esos sueldos y están dados de alta son mujeres (31.058 por sólo 1.646 hombres). Y por edad, el 53 por ciento se encuentra por encima de los 51 años.

 

Comparando estos datos con los de otras autonomías con un realidad social similar a la andaluza — dispersión geográfica, población envejecida y núcleos rurales aislados— los números aún llaman más la atención. Por ejemplo, en Castilla y León sólo el 6,9 por ciento de las ayudas han sido para no profesionales, en Extremadura el 10,9 por ciento y en Castilla-La Mancha el 19 por ciento.

 

Pero si los números se observan desde los prismas de Madrid o la Comunidad Valenciana, las diferencias ya se convierten en siderales. Madrid, hasta la fecha del informe, no había concedido ni un solo salario para familiares de entre las 17.953 prestaciones que tiene reconocidas y en Valencia sólo se otorgó en un único caso entre los 25.022 aceptados.

Según el secretario general del PP de Andalucía, son datos "muy sospechosos". "Lo que ocurre aquí —arguyó a ABC— es excesivo. No admite comparación con ninguna otra comunidad. Responde a la triste realidad que se vive en Andalucía. Aquí se sufre un déficit real de infraestructuras. No llegamos ni a la mitad de lo que marca la ley como mínimos por culpa de la mala gestión de los gobiernos de Chaves que no han invertido en centros de día, en centro de dependientes, en residencias, en teleasistencia... Así, cuando se ha puesto en marcha la ley de dependencia ha sucedido que en Andalucía existían enormes deficiencias en comparación con otras autonomías". "La desproporción de concesión de ayudas a cuidadores no profesionales, familiares al final, no es más que la forma que tiene la Junta de tapar la boca a la gente después de que la consejera animara a ir a los tribunales a los grandes dependientes que no consiguieran alguna plaza en los centros".

Andalucía da cuatro de cada diez ayudas concedidas en España a los cuidadores no profesionales. "Responde —añade— a una mala aplicación de la ley. Más aún, se trata de un clarísimo y gravísimo fraude al sistema y a la ley al convertir en habitual lo que debería ser una excepcionalidad. Dan dinero porque así no tienen, porque no pueden, que conceder los otros tipos de ayudas que recoge la ley". "Y, lo que es peor —remacha Sanz—, están incentivando la creación de una economía sumergida. Hemos detectado que muchos de esos familiares que reciben las ayudas por cuidar a sus dependientes, subcontratan a su vez a inmigrantes poco o nada cualificados para que realicen el trabajo". "La Junta —sentencia— no hace bien los deberes y en los casos de los centros de noche y de alzheimer, la asistencia es mínima, casi ridícula".