L D (EFE) El fallo, que fue dictado el 6 de julio, sentará jurisprudencia en Perú sobre el delito de secuestro, que es muy habitual en el país andino. Reina Rincón tenía 22 años cuando fue asesinado en Lima, el 2 de julio de 2002, tras haber participado en una corrida de toros en Cajamarca. Los miembros de la policía municipal golpearon al torero en la cabeza hasta matarlo y luego arrojaron su cuerpo al mar, después de robarle 800 dólares.
Para tal fin, contaron con la complicidad del suboficial de la Policía Ramón Pachas y la de Moisés Cajas, el chófer del vehículo en el que trasladaron al matador. De acuerdo con la resolución del Supremo, los asesinos del torero han pasado de ser culpables de delitos "contra la administración de justicia, encubrimiento real y omisión de comunicación" al de "secuestro agravado seguido de muerte", lo que explica los 30 años de condena.
Según la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, dirigida por el vocal Hugo Sivina, que hasta diciembre pasado fue presidente de la Judicatura, "está probado el delito de secuestro, porque a Reina Rincón se le priva la libertad de movimiento y se le traslada arbitrariamente a otro lugar".
El torero, según el texto judicial, murió de múltiples golpes en la cabeza propinados con una tabla de madera de un metro de largo, que arreciaron cuando, al ser trasladado a una playa cercana, intentó escapar y lanzarse del vehículo sin éxito. Para los magistrados de la Corte Suprema, la reparación civil que debe pagar la Municipalidad de Miraflores asciende a 50.000 soles (15.000 dólares), aunque este asunto deberá ser dirimido por un juzgado civil.
La compañera sentimental de Reina Rincón, Cristina García Velasco, que es madre del único hijo del torero, José Tomás, de 3 años, demandó al municipio de Miraflores, al que reclamó un millón de dólares como indemnización.