L D (EFE) Ante la reforma legal, AI ha realizado un informe -"España: medidas para combatir la tortura y la impunidad"-, en el que elogia los avances en materia de derechos humanos del proyecto, pero en el que destaca también que las definiciones de tortura y lesa humanidad "no se adecúan totalmente" a la convención de las Naciones Unidas y al Estatuto de la Corte Penal Internacional. Entre los elementos positivos, señala en un comunicado la inclusión del delito de lesa humanidad, la incorporación del principio "cualquier razón basada en algún tipo de discriminación" en el delito de tortura o la ampliación de la no prescripción a los crímenes de lesa humanidad y de guerra y a sus penas.
Sin embargo, esta ONG considera fundamental que el Gobierno aproveche la reforma del Código Penal para ajustar la definición del delito de tortura a la legislación internacional y contribuir así a evitar su impunidad. En concreto AI pide que se añada en la definición de tortura "los dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de intimidar o coaccionar" y que se incluya entre los posibles actores del delito no solo a funcionarios y autoridades, sino también a "otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia".
En cuanto a la interpretación de este delito, AI considera fundamental que se considere tortura toda violación o agresión sexual cometida a una persona detenida o presa por agentes del Estado u otras personas a instigación suya o con su consentimiento.
Esta ONG, aunque rechaza la idea de que en España se torture de forma sistemática, muestra de nuevo su preocupación por las numerosas denuncias en ese sentido presentadas por inmigrantes, miembros de minorías éticas o detenidos en régimen de incomunicación.
Sin embargo, esta ONG considera fundamental que el Gobierno aproveche la reforma del Código Penal para ajustar la definición del delito de tortura a la legislación internacional y contribuir así a evitar su impunidad. En concreto AI pide que se añada en la definición de tortura "los dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de intimidar o coaccionar" y que se incluya entre los posibles actores del delito no solo a funcionarios y autoridades, sino también a "otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia".
En cuanto a la interpretación de este delito, AI considera fundamental que se considere tortura toda violación o agresión sexual cometida a una persona detenida o presa por agentes del Estado u otras personas a instigación suya o con su consentimiento.
Esta ONG, aunque rechaza la idea de que en España se torture de forma sistemática, muestra de nuevo su preocupación por las numerosas denuncias en ese sentido presentadas por inmigrantes, miembros de minorías éticas o detenidos en régimen de incomunicación.