L D (EFE) Con estas medidas se acabará con la impunidad del delincuente habitual -cuatro faltas serán delito-, el delincuente inmigrante ilegal que venga a delinquir será expulsado y, sobre violencia doméstica, la primera agresión será delito, según el Ministerio de Justicia. Así, explica, en los últimos años más de 15.000 delincuentes han sido detenidos tras cometer más de 10 faltas y no han sido penados ni sancionados e igualmente ha sucedido con más de 2.000 delincuentes que han cometido más de 25 faltas y alrededor de 240 arrestados en más de 50 ocasiones que no han sido penados ni sancionados.
En consonancia con la mayoría de los códigos penales europeos, así como con las recientes propuestas del Consejo de Ministros de la UE (JAI), la reforma considera que la comisión de cuatro faltas (robo de bolsos, radio casetes, vehículos de motor o carteras, por ejemplo) será sancionada como un delito.
En palabras del ministro de Justicia, José María Michavila, "la reforma tiene como objeto disuadir a aquellos que de manera impune han decidido convertir el delito en su profesión". Al definir cualquier ataque aislado directamente como delito se permitirá que las conductas que el actual Código Penal califica como faltas (hasta ahora castigadas sólo con arresto de 3 a 6 fines de semana) sean consideradas delito y penadas con prisión de 3 a 6 meses de cárcel o trabajos en beneficio de la comunidad.
Medidas contra la violencia doméstica
La calificación como delito de lo que antes era falta permitirá a los jueces la adopción de medidas cautelares contra los agresores como la prisión provisional, el alejamiento o la retirada del permiso de armas. Por primera vez será obligatorio que los jueces acuerden la pena de alejamiento para los delitos contra las personas cometidas en el ámbito familiar, pena que conlleva la suspensión del régimen de visitas, comunicación y estancia con los hijos.
Se duplica la pena de alejamiento, que pasa de un máximo de 5 a 10 años, y podrá además acordarse por tiempo superior a la pena de prisión. Con arreglo a las nuevas reformas, se considerará delito las amenazas leves con armas e instrumentos peligrosos y agravantes específicas la comisión de la agresión en presencia de menores o en el domicilio familiar o en el de la víctima o utilizando armas. Se suprimirá la pena de multa en estos delitos con el fin de que su imposición no perjudique a la economía familiar y se sustituirá también por trabajos en beneficio de la comunidad.
Otro eje de la reforma busca la integración social de los inmigrantes que llegan a España de forma legal, para garantizar sus derechos y libertades y, al mismo tiempo, refuerza la legislación contra las mafias que trafican y se nutren de la inmigración ilegal. Se impondrán penas de 4 a 8 años de prisión a quienes trafiquen con seres humanos y de 5 a 10 años cuando esta actividad tenga como propósito la explotación sexual. Además, se reforma el Código Civil a fin de que, a partir de ahora, las mujeres inmigrantes que residan en nuestro país tengan los mismos derechos que las españolas en caso de separación o divorcio y en el régimen de relación con los hijos.
En consonancia con la mayoría de los códigos penales europeos, así como con las recientes propuestas del Consejo de Ministros de la UE (JAI), la reforma considera que la comisión de cuatro faltas (robo de bolsos, radio casetes, vehículos de motor o carteras, por ejemplo) será sancionada como un delito.
En palabras del ministro de Justicia, José María Michavila, "la reforma tiene como objeto disuadir a aquellos que de manera impune han decidido convertir el delito en su profesión". Al definir cualquier ataque aislado directamente como delito se permitirá que las conductas que el actual Código Penal califica como faltas (hasta ahora castigadas sólo con arresto de 3 a 6 fines de semana) sean consideradas delito y penadas con prisión de 3 a 6 meses de cárcel o trabajos en beneficio de la comunidad.
Medidas contra la violencia doméstica
La calificación como delito de lo que antes era falta permitirá a los jueces la adopción de medidas cautelares contra los agresores como la prisión provisional, el alejamiento o la retirada del permiso de armas. Por primera vez será obligatorio que los jueces acuerden la pena de alejamiento para los delitos contra las personas cometidas en el ámbito familiar, pena que conlleva la suspensión del régimen de visitas, comunicación y estancia con los hijos.
Se duplica la pena de alejamiento, que pasa de un máximo de 5 a 10 años, y podrá además acordarse por tiempo superior a la pena de prisión. Con arreglo a las nuevas reformas, se considerará delito las amenazas leves con armas e instrumentos peligrosos y agravantes específicas la comisión de la agresión en presencia de menores o en el domicilio familiar o en el de la víctima o utilizando armas. Se suprimirá la pena de multa en estos delitos con el fin de que su imposición no perjudique a la economía familiar y se sustituirá también por trabajos en beneficio de la comunidad.
Otro eje de la reforma busca la integración social de los inmigrantes que llegan a España de forma legal, para garantizar sus derechos y libertades y, al mismo tiempo, refuerza la legislación contra las mafias que trafican y se nutren de la inmigración ilegal. Se impondrán penas de 4 a 8 años de prisión a quienes trafiquen con seres humanos y de 5 a 10 años cuando esta actividad tenga como propósito la explotación sexual. Además, se reforma el Código Civil a fin de que, a partir de ahora, las mujeres inmigrantes que residan en nuestro país tengan los mismos derechos que las españolas en caso de separación o divorcio y en el régimen de relación con los hijos.