(21-07-06) El Gobierno prepara una ley de Memoria Histórica "igual para todos" pero que sólo reconoce a las víctimas del franquismo

L D (Europa Press) La vicepresidenta ha dicho que la nueva Ley no intentará "en ningún caso" "rescribir" sino "reparar". "No se trata en ningún caso de excluir, sino más bien igualar –culminó-. Se trata de que la historia sea igual para todos". Sin embargo el Gobierno, con esta ley, pretende unificar la condición de víctima del franquismo con la de víctima de la guerra civil, con lo cual reduce esta última condición a las víctimas de un solo bando, el republicano. Así lo explicó la vicepresidenta: "Me gustaría resaltar lo mucho que durante los últimos treinta años el conjunto de la sociedad española ha hecho por resarcir a todos los españoles que sufrieron, primero la crueldad de una guerra y segundo las consecuencias de un régimen autoritario".

"Todos los ciudadanos han contribuido sin distinción a ello y el Gobierno así lo reconoce y lo va a reconocer, porque los datos son muy explícitos", dijo la ministra de la Presidencia. La vicepresidenta explicó que el conjunto de iniciativas que serán aprobadas por el Consejo de Ministros la próxima semana responde "a la lógica de ese trabajo ya realizado". "Se centra en extender y ampliar derechos allí donde todavía, después de tantos años, o no habían llegado o no se habían reconocido", expuso.

De la Vega especificó que la ley se cumplirá en los términos que se aprobaron en junio de 2004, cuando se emplazó al Gobierno, en primer lugar, a realizar un estudio general sobre los derechos reconocidos por la legislación estatal y autonómica a las víctimas de la guerra civil y a los represaliados del bando republicano. Ese análisis debía dar lugar a un informe -que tendría que haberse remitido al Congreso a finales de 2004- sobre las reparaciones morales, sociales y económicas de los daños ocasionados a este colectivo con la inclusión de propuestas específicas de programas, medidas y actuaciones concretas para la mejora de la situación actual.

La proposición no de ley también instaba al Gobierno a destinar medios humanos y materiales para facilitar el acceso a los archivos, tanto públicos como privados, y poder recabar los datos necesarios para la solicitud de esas ayudas, para recuperar "la verdad en los casos particulares", y para "rememorar y proyectar en la cultura social de nuestro país, lo ocurrido durante la Guerra Civil y la dictadura".