Decenas de funcionarios y sindicalistas protestan en las puertas de la Dirección General de la Función Pública donde habían sido citados para que Hacienda les explicase los ajustes a los que se verán sometidos los empleados públicos tras el anuncio de Rajoy.
Tal y como informa la periodista de esRadio, Sandra León, los ánimos estaban muy calientes y en la reunión prevista para las 17:00 horas, tanto los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, ELA y CIG se han levantado de la mesa cuando el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, iba a anunciar las medidas.
Los sindicatos afirman que se niegan a participar de "esta farsa" y han tildado al Ejecutivo de "antidemocrático" acusándole de "desarticular el Estado".
Mientras tanto, a las puertas de la sede los funcionarios pitaban y gritaban: "manos arriba esto es un atraco". Además, éstos proponían paros e incluso amenazaban con "invadir el Congreso". Esta situación se producía mientras los líderes sindicales intentaban calmar a los manifestantes.
Poco a poco los manifestantes han ido entrando a la sede de esta Dirección General hasta llegar a la tercera planta. La Policía intentaba igualmente poner calma.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Julio Lacuerda, ha señalado que constituye una falta de respeto hacia los empleados públicos y ha animado a que el viernes se manifiesten en las puertas de los centros de trabajo de los servicios públicos.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, Enrique Fossoul, ha indicado que el Gobierno no sólo ha desarticulado el Estado de bienestar, sino que está desmontando el Estado.
Además, ha acusado al Ejecutivo de actuar de forma autoritaria y de tratar a los sindicatos como si fueran objetos, al no consultarles sobre nada. En su opinión, esta es la actitud "antidemocrática" del PP, que engaña "con mayúsculas" y ningunea a los representantes de los trabajadores.
Asimismo, fuentes del sindicato de funcionarios CSIF han afirmado que convocarán paros parciales en julio y agosto, y que estudian la posibilidad de una huelga en septiembre.
A la reunión sólo han asistido finalmente los representantes de la Función Pública de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado. Fuentes de Hacienda han señalado que emitirán durante la tarde un comunicado sobre el contenido de la reunión, ya que, a su juicio, no tenía sentido comparecer ante los medios después de lo acontecido.