El presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, se ha congratulado – en declaraciones a Libertad Digital – de la última sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmersión lingüística en la escuela catalana, en concreto, sobre la exclusión del castellano en educación infantil.
Caja ha recordado que es "la enésima sentencia que revoca" un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al respecto. "Parece que no se entera de cuál es la doctrina". Pero esta sentencia es "muy importante por lo que añade", señala Francisco Caja.
Y es que, el Supremo afirma, una vez más, que "el castellano es lengua vehicular y docente junto con el catalán", de manera que la utilización de la lengua castellana como vehicular y docente "constituye en el sistema educativo catalán un derecho constitucionalmente reconocido, que no puede quedar sometido en su ejercicio a la condición de que se solicite por quien lo posea a título individual".
Nuevo toque de atención del Supremo al TSJC, que falló que sólo las familias que soliciten educación en castellano a través de la vía judicial podrán gozar de este derecho. Convivencia Cívica Catalana presentó un recurso de casación, tras ese fallo, al Tribunal Supremo que se espera se conozca tras el verano.
"Estamos hartos de que a nuestros hijos se les excluya del conocimiento en castellano", manifestó Caja a LD, que apuesta decididamente por el bilingüismo en la escuela de Cataluña. "De una manera natural deben vivir los escolares lo que vivimos los demás en la calle. Hay que excluir el talibanismo lingüístico", añadió.
El presidente de CCC recordó también cómo el Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre el Estatuto catalán, se mostró contundente al respecto. "Siendo tan claro, cómo es que pervive desde el curso 92-93. Qué han hecho los gobiernos centrales para impedir la aplicación de ese sistema que es tan inconstitucional", se preguntó.
Para Caja la respuesta está en que constituye "una moneda de cambio". Los distintos Ejecutivos centrales "han pagado con esa moneda" que no es otra cosa que "derechos constitucionales" a los "gobiernos catalanes", señaló Francisco Caja.