Galicia Bilingüe denuncia la ordenanza lingüística de Lugo aprobada por BNG, PSG y PP

Galicia Bilingüe ha presentado enmiendas al proyecto de Ordenanza de uso del gallego en el Ayuntamiento de Lugo e insta a su corporación a adecuar su contenido a la legalidad vigente tal y como la interpretan el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia y Cataluña.

Tras el análisis del proyecto de Ordenanza, esta asociación considera que no se trata de un texto para promocionar el gallego sino de un intento de restringir derechos civiles a quienes prefieren relacionarse con la Administración en español y ver su lengua, que también es oficial, en las actividades y dependencias municipales.

El proyecto de Ordenanza obliga a los ciudadanos que quieran relacionarse con el Ayuntamiento de Lugo en español a solicitarlo formalmente por escrito, lo cual chocaría con la doctrina del Constitucional al respecto, que dejó claro que el derecho a ser atendido en una lengua oficial no ha de suponer ningún tipo de traba o incomodidad para el ciudadano.

Entre la jurisprudencia en la que se basa Galicia Bilingüe para plantear estas enmiendas se encuentra la muy reciente sentencia del TSJC en relación a la normativa del Ayuntamiento de Barcelona. Dicho proceso judicial fue iniciado a instancias del Partido Popular de Cataluña, por lo que resulta ciertamente chocante que el proyecto de ordenanza de Lugo, presentado por el equipo de gobierno formado por socialistas y nacionalistas, haya recibido el beneplácito y los votos de apoyo del Partido Popular de Lugo, cuando la ordenanza en cuestión supone una imposición todavía más grave que la del Ayuntamiento de Barcelona.

El nuevo proyecto de Ordenanza contiene también preceptos de un tenor muy similar, cuando no idéntico, a otros ya anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) de una Ordenanza de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Pontes como consecuencia de un recurso interpuesto en su día por el Delegado del Gobierno en Galicia; destacando que no deja de producir asombro que el equipo jurídico del Ayuntamiento desconozca tan elementales asertos jurisprudenciales.

De este modo, Galicia Bilingüe denuncia tachas de ilegalidad en nada menos que 16 artículos del proyecto de Ordenanza y también en la Disposición adicional 2ª. Mención especial merece la pretensión del Ayuntamiento de obligar a empresas privadas que se relacionen con el Ayuntamiento a utilizar el gallego cuando actúen como particulares, ya que, en este caso, corresponde a las personas, físicas o jurídicas, el derecho de opción lingüística, no a la Administración.

Igualmente, a esta asociación le llama atención el hecho de que no se tenga en cuenta que en la señalización viaria que afecta a la circulación de vehículos y peatones rige lo dispuesto en normas estatales de carácter básico y que obligan a que los textos estén siempre al menos en español. Galicia Bilingüe cree que en algunos de los artículos bastaría con introducir en su texto una cláusula de salvaguarda de uso del español como podría ser "sin perjuicio de que también se pueda emplear el castellano" pero en otros la nulidad es tan palmaria que GB considera que lo mejor es eliminarlos o modificarlos sustancialmente.

Galicia Bilingüe espera que impere la cordura y la buena fe por parte de los concejales del Ayuntamiento de Lugo. En caso de insistir en no llevar a cabo modificaciones, Galicia Bilingüe recurrirá ante los tribunales y, dado que, en algunos casos la ilegalidad es tan patente, es más que probable que fuese condenado en costas el Ayuntamiento de Lugo por litigar con clara mala fe, lo que supondría un perjuicio para los contribuyentes, muchos de los cuales, además, verían vulnerados sus derechos lingüísticos de manera muy seria de aplicarse la Ordenanza en su redacción actual.