José Bretón y Ruth Ortiz, padres de los dos niños desaparecidos en Córdoba hace unos ocho meses, acudirán junto con familiares al nuevo rastreo que está previsto que comience el próximo lunes con maquinaria pesada en la finca de los abuelos paternos, en la capital cordobesa, donde Bretón, el único imputado en la causa, estuvo con sus hijos, Ruth y José, momentos antes de denunciar la supuesta desaparición de los pequeños en el Parque Cruz Conde de Córdoba el 8 de octubre de 2011.
Así lo ha manifestado este miércoles el abogado del padre de los niños, José María Sánchez de Puerta, a la salida del Centro Penitenciario de Alcolea tras visitar a su cliente, al tiempo que ha precisado que por parte de la familia materna, el hermano de Ruth Ortiz, Estanislao, también estará en el nuevo registro, cuyos trabajos se prevé que comiencen entorno a las 17,00 horas del lunes.
A juicio del letrado, la prueba es "una más" dentro de las diligencias, de modo que "si es fallida, será otro punto más para la defensa". Aunque, tal y como comenta, la finca "está más que pateada", si bien dice que desconoce si la Policía tiene "algún nuevo indicio". El motivo de que Ruth Ortiz acuda al lugar es el de advertir de posibles modificaciones en el terreno.
Mientras, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ordenó este martes precintar e implantar una custodia policial en la parcela de los abuelos paternos de Ruth y José, hasta el momento en que den comienzo las actuaciones del nuevo registro.
Según informó en una nota el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez acordó el pasado viernes, 1 de junio, la declaración bajo secreto de sumario de una nueva diligencia dentro del caso incoado por la desaparición de Ruth y José con la finalidad de preservar la buena marcha de la investigación.
En concreto, esta pieza se refiere a un nuevo registro en la finca de Las Quemadillas, perteneciente a la familia paterna, aunque la aparición en diferentes medios de comunicación de noticias relativas a esta parte de la investigación ha supuesto "una vulneración del secreto sumarial", que se había decretado concretamente respecto de la práctica de dicho registro, y como consecuencia de ello, el Juzgado se ha visto forzado a levantar el secreto de las actuaciones.