Pese a que no uno sino dos decretos del Gobierno lo prohíben expresamente, los rectores de buena parte de las universidades españolas han convocado centenares de plazas de profesores, previsiblemente para que las ocupen docentes que ya están trabajando en las universidades, es decir que han entrado por la puerta de atrás y en no pocas ocasiones por su cercanía a los propios rectores o a su equipo.
La noticia la hace pública El Mundo en su edición de este lunes, recordando las dos normas promulgadas han sido claras al respecto: por un lado se trata del Real Decreto aprobado el 30 de diciembre de 2011 que dejaba clara la prohibición de convocar plazas de empleo público.
La segunda sería el decreto de ahorro público en educación, del 20 de abril, que tenía una referencia expresa a las universidades recordándoles que tenían que cumplir con la legislación en materia de oferta de empleo público.
La de Granada, la más "generosa"
La Universidad de Granada es la que más plazas ha convocado, nada más y nada menos que un centenar de nuevos puestos de funcionarios. La sigue de cerca la Politécnica de Madrid que, siempre según los datos de El Mundo, ha convocado 73 nuevas plazas.
Tras esta universidad madrileña encontramos a la de Sevilla, con 43 plazas, la Carlos III de Madrid y la Autónoma, también de Madrid. En total, se han convocado unas 600 plazas, sólo por lo que respecta al personal docente.
Este dato contrasta con el hecho de que el conjunto de las universidades públicas españolas tiene un ratio de sólo 11 alumnos por cada docente contratado, una tasa tan baja que incluso perjudican a las universidades en los rankings internacionales ya que se interpreta que son campus con baja demanda.
Una decisión recurrible
Aunque en menor medida, esta avalancha de funcionarios recuerda a la que se dio en 2001 cuando, tras una advertencia de Pilar del Castillo, por entonces ministra de Educación, se convocaron hasta 12.000 plazas por temor a que se endureciesen los requisitos.
Sin embargo, mientras que en aquella ocasión era algo vergonzoso pero legal, en este caso se trataría de algo abiertamente ilegal. De hecho, consultado el Ministerio de Hacienda éste no ha dudado en confirmar a El Mundo que "las universidades no pueden sacar oferta de empleo público" durante este año.
Del mismo modo, el Ministerio de Educación advierte que estudiará el tema "con minuciosidad" y que no es descartable que se impugnen muchas de estas plazas, aunque esto sería competencia del Ministerio de Hacienda.