50 catedráticos y profesores de numerosos centros de la Hispalense, que forman desde febrero la Asociación Rector Machado y Núñez -cuyo lema es la lucha por una investigación y docencia de calidad en la Universidad-, tacharon de "ilegítimo" e "ilegal" la forma en la que ha sido convocado el paro académico.
Según la presidenta de la asociación, Adela Muñoz, "es una de las formas de hacer mas daño a la universidad pública, es como solucionar un atropello —los recortes— con otro atropello". Así se produce la primera reacción contra el paro académico acordado por el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS) de manera unilateral, algo que permiten el Estatuto de la Universidad, y que ha paralizado la Universidad en época de exámenes con la "comprensión" del Rector.
El pasado día 24, el CADUS declaró un paro académico paro que conlleva el cese total de actividades durante 15 días en plena época de exámenes parciales y finales. Los órganos rectores certificaron la legalidad de dicho paro, que implicaba el cierre de la Universidad puesto que ni se pueden dar clases, ni realizar prácticas ni desarrollar tutorías.
Antonio Ramírez Arellano, del sector oficialista inspirado por el PSOE, dijo que este paro afectaba a "los derechos y expectativas de muchas personas en una dirección u otra". El paro académico, contemplado en la normativa que rige la vida universitaria de la Entidad, es una figura que no respeta la libertad de profesores y alumnos para aceptarlo o no, como en el caso de la huelga, sino que se impone a todos sin distinción.
La primera reacción importante contra esta situación procede de esta asociación para la que, según se desprende de la reunión celebrada el jueves, no es legítimo que unos estamentos puedan paralizar la Universidad, a pesar de que los estatutos actuales de la Hispalense lo permiten. En las intervenciones, se instó al Rectorado a reformar de forma urgente los estatutos, porque "en otoño van a volver a decretar otro paro". El pasado día 24 la misma asociación ya denunció el comportamiento del Rector.
Según esta Asociación, la regulación del paro académico decretado por el CADUS en la Universidad de Sevilla viola el derecho constitucional a trabajar del profesorado -art. 35.1 CE-, así como la normativa legal del cierre patronal -arts. 12 y ss. del RD-Ley 17/1977, de 4 de marzo- y constituye una transgresión flagrante del propio Estatuto de la Universidad de Sevilla en sus arts. 2.4 -respeto al principio de legalidad-, 49.4 -actividades docentes basadas en la libertad de cátedra y la libertad de estudio- y 96.1.d) -derecho de los estudiantes a recibir la enseñanza de acuerdo con la planificación docente-.
"Además -continúa-, este cierre patronal encubierto desacredita públicamente al profesorado de la Universidad de Sevilla, que se ve señalado injustamente por la opinión pública al estar percibiendo su salario íntegramente sin realizar actividad académica alguna. La imagen pública del profesorado vuelve a quedar en entredicho por este despropósito jurídico que es el reglamento general de estudiantes".
ABC cuenta este viernes que Bartolomé Clavero, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones, insistió en el carácter de "cierre patronal" y denunció que "estas dos semanas no se han podido dar clases porque dos vicerrectores han emitido dos comunicados impresentables y vergonzosos". Además, calificó como "una tremenda irresponsabilidad" darle estos poderes "tan dictatoriales" al Consejo de Alumnos, pero cree que "debemos marcar dónde está la mayor responsabilidad: en el equipo rectoral".
Otro de los intervinientes, el catedrático de Derecho Civil Francisco Capilla, indicó que "es mentira que el Rectorado esté obligado a adoptar la decisión que ha adoptado en virtud de los reglamentos vigentes. Quien dice eso miente deliberadamente y exculpa a los vicerrectores que mandaron el impresentable papel y al rector". Para Capilla, es "una decisión ilegal y si esto fuera un país serio habría mucha gente en los juzgados de guardia y el rector estaría dando explicaciones ante un juez".
Con respecto al procedimiento asambleario con el que se ha llevado a cabo este cierre, tanto el catedrático y secretario de la asociación, Juan Manuel Gómez Muñoz, como otros profesores, criticaron la "ilegalidad" al no haber quórum, ya que "para que esta medida tan drástica se lleve a cabo, debería haber dos tercios de los alumnos matriculados a favor y, para ello, tener el censo por delante, votar con DNI...". Puso como ejemplo el de la Facultad de Económicas, como con 5.000 alumnos matriculados, en la asamblea sólo votaron 800.
Muchos profesores siguen funcionando con sus alumnos a pesar de las instrucciones de suspender toda actividad lectiva. Para Adela Muñoz, catedrática de Química Inorgánica, "la Universidad no son los profesores que fueron el miércoles a dar clases al Cristina, esto hay que darlas en las aulas, despachos y laboratorios". Por otro lado, afirmó que los profesores de esta asociación «piensan que la vía no es este paro tan irresponsable, que está dañando a los propios alumnos y al prestigio de la propia Universidad.
Críticos con la política universitaria del gobierno Rajoy por haberse hecho sin consenso, consideran que algunas partes del Real Decreto eran "matizables", como la subida de tasas en tercera o cuarta matrícula y el tema de los sexenios.