Los vándalos que sabotearon el miércoles el Metro de Madrid se exponen no sólo a la multa prevista en el reglamento de viajeros de la compañía -30.000 euros-, sino a lo que prevea el Código Penal, al tratarse de una acción coordinada.
El jueves, Metro de Madrid interpuso una denuncia contra los autores del sabotaje, solicitando una pena de hasta cinco años de cárcel para los activistas por considerarlos responsables de un delito de desórdenes públicos.
La compañía pública considera que al sabotaje debe aplicarse el artículo 557 del Código Penal, que establece penas de prisión de seis meses a tres años para quienes alteren el orden público causando lesiones, daños en las propiedades u obstaculicen las vías públicas o los accesos de manera peligrosa para los usuarios. Además, cita el punto segundo del artículo 560, que especifica un endurecimiento a la pena –pudiéndose elevar de uno a cinco años de cárcel- si se causa un "grave daño" a la circulación ferroviaria.
Según apunta 20 minutos, en caso de que no se aprecie consumación del delito de desórdenes públicos, Metro cree que la condena debe ser por un delito en grado de tentativa. Entonces, la sanción sería uno o dos grados inferior "atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado", tal y como recoge el artículo 62 del Código Penal.
Hasta 30.000 euros de multa
Además de la vía penal, la compañía pública quiere seguir también la administrativa. Según el reglamento de Metro, que remite al artículo 293 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el uso injustificado de los sistemas de detención de emergencia acarrea multas de entre 30,05 y 516,87 euros.
Ahora bien, a última hora de este miércoles el Consorcio explicó que esta normativa ha sido derogada y actualizada por la Ley de Ordenación del Sector Ferroviario, que eleva las sanciones a 6.000 euros en su cota más baja y hasta los 30.000 euros para incidentes graves.
Tres detenidos hasta el momento
Agentes de Policía Nacional detuvieron este jueves a tres jóvenes, dos hombres y una mujer, de 24, 30 y 32 años de edad respectivamente, por su presunta participación en el sabotaje que tuvo lugar el miércoles en el Metro de Madrid.
Los arrestados, W.A.C.O., de origen ecuatoriano y los otros dos, de nacionalidad española, están acusados de los delitos de desórdenes públicos y amenazas.
En la investigación iniciada se ha descubierto que, además de las personas que accionaron los frenos, participaron otras que hacían funciones de vigilancia en el exterior de las estaciones. Mientras unos accionaban los frenos en el interior de los vagones, otros "vigilaban" desde el exterior que nadie interrumpiera su sabotaje. El sabotaje fue pues, una maniobra estudiada y sincronizada.
El modus operandi ha sido siempre el mismo: cuando el tren ha llegado a la estación y ha abierto sus puertas han tirado de la alarma, lo que ha obligado a los conductores a bajarse, comprobar lo sucedido y "rearmar los timbres" antes de seguir la marcha. Esto afectó, de manera directa, a entre 8.000 y 10.000 viajeros.