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Dos años de cárcel para un exalcalde del PSOE por edificar en un parque natural

Ha aceptado devolver los 10.000 euros usados indebidamente. También tendrá que demoler la construcción y pagar 2.190 euros.

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos años de prisión al exalcalde socialista de Linares de la Sierra (Huelva) Jaime Luis Fernández Ceballos por una construcción irregular en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Según ha informado a EFE el abogado del exalcalde, Juan Carlos Fernández, la sentencia se ha dictado tras un acuerdo de conformidad entre las partes que rebajaba en cinco años la pena solicitada por el fiscal.

El exalcalde ha aceptado ser responsable de un delito contra la ordenación del territorio, otro de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos y ha aceptado devolver los 10.000 euros usados indebidamente. También se le ha condenado a demoler la construcción, a pagar una multa de 2.190 euros y a aceptar un período de inhabilitación para ejercer responsabilidades como cargo público y promotor.

Los otros dos acusados por estos hechos, la pareja del exalcalde y un constructor, han sido condenados a seis y ocho meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio y por cooperación de malversación, respectivamente.

Los hechos por los que han sido condenados se remontan a 2008 cuando el entonces alcalde y su mujer decidieron promover la construcción de una vivienda en una finca propiedad de la familia de ella que se encontraba situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Para ello, concibieron un procedimiento fraudulento que les permitiese llevarla a cabo y Fernández, en nombre de su pareja, solicitó una licencia municipal para construir una caseta de aperos, para lo que logró los permisos.

En la ejecución de las obras, los acusados se valieron de personas que en la mayoría de los casos estaban contratadas por el ayuntamiento y compatibilizaban su empleo público con el trabajo en la casa del alcalde, sin recibir más dinero y conscientes de que sus contrataciones futuras dependían de la voluntad del alcalde, según el escrito de la Fiscalía.

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