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Cataluña, País Vasco y Andalucía se rebelan contra el plan de ajuste de Wert

El Gobierno sólo ha obtenido el beneplácito de las comunidades del PP. Amenazan con emprender, incluso, acciones legales.

El plan de ajuste de 3.000 millones de euros avanzado por el ministro de Educación a las comunidades autónomas sólo ha gustado a las regiones gobernadas por el PP, las únicas que han mostrado signos de que impulsarán medidas de ahorro en el sistema. Las comunidades gobernadas por otros partidos, con Cataluña a la cabeza, han expresado su rotundo rechazo a un plan que necesita de la colaboración de todos los gobiernos autonómicos para ser efectivo.

El rechazo más rotundo ha llegado de la consejera de Enseñanza de la Generalidad catalana, Irene Rigau, que ha afirmado que el plan invade las competencias de Cataluña. En su opinión, el decreto incluye tres medidas que lo hacen "clarísimamente": los relacionados con los horarios de los profesores y la sustitución, y la de los complementos.

"Vamos a pasar del café para todos, al café descafeinado para todos", ha aseverado la consejera, quien ha recalcado que estas medidas conllevan un desmantelamiento progresivo de las competencias de las comunidades.

Por su parte, la consejera de Educación del Gobierno vasco, Isabel Celaá, ha apuntado a la posibilidad de que lleven las propuestas ante los tribunales. Según ha dicho, son medidas de "recorte" y "no de eficiencia" y ha avisado que van a estudiar "jurídicamente" tres de ellas porque pueden "invadir" competencias.

Como Cataluña, ha advertido de que tres de las seis medidas anunciadas por el Ministerio pueden supone una "involución" en las competencias que tienen transferidas las comunidades como son las sustituciones del profesorado, los complementos retributivos y el horario lectivo del profesorado.

"Cuando dispongamos de ellas vamos a estudiarlas desde un punto de vista jurídico para tener una opinión mucho más fundada a derecho", ha insistido la consejera vasca para asegurar que estas propuestas del Ministerio son de "recorte del gasto" orientadas a cumplir con los objetivos de reducción del déficit público.

Mientras, el consejero de Educación de la Junta de Andalucía en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, ha considerado que las medidas que con las medidas anunciadas este lunes por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la Conferencia Sectorial de Educación, lo que hace el Gobierno es un "montaje" para "dar cobertura, paraguas e impermeable" a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que ya las aplican o tienen previsto hacerlo.

En declaraciones a los periodistas al término de la reunión, De la Chica ha mostrado el rechazo andaluz a las medidas. "Esperábamos que nos llamaran para arrimar el hombro y nos han llamado para escurrir el bulto", se ha quejado el consejero, que ha insistido en su denuncia de que las mismas pretenden "dar cobertura a todas las medidas que viene ejecutando los gobiernos del PP en las distintas comunidades autónomas". El responsable andaluz ha justificado su razonamiento trasladando que dentro de la reunión "todas las comunidades del PP han agradecido y han dicho explícitamente que estas medidas ya las vienen ejecutando".

"La pregunta entonces es ¿qué vamos a recortar si lo están haciendo ya? ¿De dónde van a salir los 3.000 millones?", ha dicho el consejero andaluz, quien ha insistido en que, a la vista de los planteamientos, el Gobierno "aprobará lo que ya estaba escrito y no servirá de nada lo que hemos dicho las comunidades aquí".

Así las cosas, De la Chica ha dicho que a partir de ahora "es más que probable que no haya margen para tomar decisiones distintas a las que ya están haciendo las comunidades del PP" y ha lamentado que el Gobierno vaya a "impedir" a las comunidades autónomas continuar "haciendo de la educación pública una prioridad presupuestaria y de acción política". "Es una falsa flexibilidad, nos aplicarán el mazo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con todas sus consecuencias", ha insistido.

Por otro lado, ha previsto que las medidas tendrán como consecuencia el "empeoramiento claro de la calidad de la educación pública en España y en Andalucía", ya que los profesores trabajarán en "peores condiciones" y habrá "más alumnos en las aulas". "Ningún sistema educativo del mundo ha mejorado con más alumnos en las aulas y despidiendo profesores".

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