El Gobierno abre la puerta a la gestión privada de las televisiones autonómicas

Sáenz de Santamaría abordó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el compromiso que los popuolares adquirieron durante la campaña electoral sobre las televisiones públicas autonómicas.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría anunció un anteproyecto de Ley de Comunicación Audiovisual sobre canales públicos autonómicos destinado a "ayudar a las administraciones a elegir los modos de gestión más eficientes y eficaces" y enmarcar el funcionamiento de estas televisiones dentro del "cumplimiento de los limites déficit público, buscando eficiencia pero también la viabilidad".

Ésto último fue lo único que dijo sobre las posibilidades de cierre. Hasta que se concrete y apruebe el texto de la Ley, se entiende que de no cumplir los límites de déficit público, los gobiernos autonómicos podrán cerrar estos entes públicos. Claro que también insistió en que tendrán que buscar fórmulas para mantener el servicio público que desempeñan.

Entre las opciones que da el Gobierno destaca la intención del Gobierno de "ampliar las posibilidades de las comunidades autónomas de elegir libremente la forma de gestión de sus canales públicos de televisión". En este sentido, abren la puerta a la gestión privada de la televisión pública, lo que se conoce por gestión indirecta.

Soraya Sáenz de Santamaría también habló de modelos de gestión indirecta y directa. La directa es en la que la Administración ofrece el servicio con sus propios medios o por medio de entidades instrumentalizadas eliminando la intervención de terceros en la prestación de los servicios. La indirecta, aquella en la que la actividad corresponde a un agente privado aunque la titularidad del servicio sigue siendo pública.

Estado, dijo, "no establece por ley ninguna obligación sino que amplía las posibilidades" de gestión de estos entes, incluyendo la gestión privada, para que cada comunidad autónoma pueda "gestionar libremente sus canales públicos de televisión". Concretamente, señaló que "El Estado no establecerá por ley ninguna obligación. No se trata de constreñir el marco de la gestión, sino de ampliar las posibilidades que tiene cada comunidad en el marco de sus respectivos estatutos y dentro de sus competencias para decidir libremente cómo gestionan este servicio público, si directamente o con fórmulas de gestión indirectas". Unas explicaciones, insuficientes para concretar si también contempla el cierre total del ente público autonómico o el cambio de titularidad completo, de público a privado.

Sáenz de Santamaría anunció que la ley proveerá de una serie de "mecanismos indirectos" de cara al "correspondiente equilibrio financiero y presupuestario". El objetivo es que las comunidades autónomas "voluntariamente puedan barajar otras formulas de gestión más eficaces, más eficientes y que haga más viables el servicio".