Andalucía está a la cola en plazas en residencias para ancianos

Andalucía se mantiene a la cola de España en cuanto a la oferta de plazas de residencias que ofrece a las personas mayores de 65 años. Con 688 centros y 36.389 plazas (el 75% concertadas o privadas), sólo da cobertura a un 2,8% de la población mayor de 65 años. Así lo refleja el Informe del Portal de Mayores, plataforma de análisis promovida por el Imserso y el CSIC).

Dicho de otro modo, de 1,2 millones de personas andaluzas que están en situación de ser atendidas, de hecho sólo atiende a poco menos de 40.000. Y por si fuera poco, sólo una de cada cuatro plazas es plaza pública a pesar de las continuas alusiones a lo "social" y a lo "público" del PSOE andaluz.

La ratio de la comunidad se sitúa por muy por debajo de la media nacional (4,3), sólo por encima de Murcia (2,1) y Canarias (2,6), y a una distancia sideral del 5% de proporción que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esto ocurre cinco años después de las esperanzas que suscitó el Plan Nacional de Dependencia. Se prometieron 4.000 nuevas plazas y se prometió la elaboración de un mapa para distribuir los centros según el número de mayores de 65 años de cada provincia. Es más, se aseguró que de una cobertura del 2,7 por ciento de la población de mayores se alcanzaría el 3,15 por ciento y Andalucía dejaría de estar de ese modo a la cola de España en este servicio social. Nada se ha cumplido. Sólo se ha incrementado un 0,1 por ciento en el porcentaje de atención, equivalente a unas 6.389 plazas.

España y Andalucía

En España hay censadas 5.293 residencias, 688 de ellas en Andalucía, menos del 13 por ciento, mientras que la población andaluza asciende al 18 por ciento del total español. Las plazas en España suman un total de 344.310 por lo que poco más del 4,3% de la población candidata a vivir en una de ellas puede hacerlo. Castilla-La Mancha (7,4) y Castilla y León (7,3) se sitúan a la cabeza.

Las ocho provincias andaluzas están por debajo de la media nacional. La mejor, Córdoba, es la número 31 de las 52 provincias, y Málaga (2,2) sólo se ve superada en esta clasificación por Ceuta.

En un informe especial en 2007 titulado La atención a las personas mayores dependientes en Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz denunció que los niveles de cobertura de Andalucía eran inferiores respecto de la media nacional y muy inferiores a los de comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Cataluña.

El Defensor señaló que en el periodo 2001-2006, la evolución de las plazas residenciales de acceso público para personas mayores había sido creciente. Sin embargo, se produjo un descenso notable entre año 2003 y 2004 que retrasó su crecimiento, hecho que se produjo con menos intensidad a lo largo del año 2006.

La Ley de Dependencia y el plan E: un dinero que no llegó

La ley, que entró en vigor en 2007, ha hecho pasar en cinco años de 30.000 plazas en 2007 a 36.389, creciendo la ratio de un 2,7 a un 2,8 actual. Andalucía, sin embargo, se ha visto superada en este tiempo por Galicia (2,9, tenía 2,3) y ha visto cómo se alejaban otras comunidades que estaban cercanas, como Valencia.

Según el gobierno, la provisión de plazas residenciales tuvo que haber procedido del Plan E, que en 2009 comprometió la reforma o puesta en marcha de 6.000 nuevas plazas de residencia y unidad de estancia diurna con una inversión de 74 millones de inversión. Estas plazas tenían que estar disponibles para finales de ese año. Pero el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía ha destinado los recursos a otros fines como los centros de día, la ayuda a domicilio o la teleasistencia, servicios más baratos que la plaza en residencia(6.000 euros anuales).

Pero no todos los mayores de 65 años están en esa situación y hay quienes exigen la plaza residencial por necesidad perentoria. Es a estos a los que no se está dando cobertura. lo que le ha sido reclamado por el PP. IU ha subrayado la insuficiencia de plazas públicas con respecto a las concertadas o privadas (una de cada cuatro). En 2007 el porcentaje de plazas privadas era del 71,3% y ahora es de un 74,7%.

Además, el oscurantismo respecto a las cifras de peticionarios es total. La Junta no informa de las listas de espera, nadie sabe si hay criterios de enchufismo o no y ni siquiera el Defensor del Pueblo andaluz logra conocer la situación.

A pesar del copago, no funciona el servicio de asistencia a mayores

Si alguien cree que las plazas de acceso público son gratuitas, está en un error. Los ancianos deben abonar una cantidad equivalente al 75% de sus ingresos líquidos anuales, exceptuando las pagas extraordinarias, y hasta un importe máximo del 90% del coste de la plaza. Esto es un claro sistema de copago, que luego se critica en sanidad y otros servicios públicos.

A pesar de que este sistema de copago de los usuarios de las plazas de acceso público no penaliza el ahorro familiar; ni tampoco a los hijos; ni, en principio, a los miembros de la unidad de convivencia, dado que en muchos casos la persona ingresada en residencia pública es la única o la principal fuente de ingresos en el hogar, el impacto económico de la decisión es muy importante.