La Generalidad multa a 107 comercios en sólo seis meses por no rotular en catalán

El Gobierno de Artur Mas ha seguido a ritmo vertiginoso la tarea del tripartito a la hora de multar a los negocios que no rotulan en catalán. De hecho, la Agencia Catalana de Consumo ha impuesto un total de 107 multas lingüísticas en la primera mitad del año a empresas que decidieron utilizar el español en sus negocios.

Según informa La Voz de Barcelona, si se mantiene este ritmo de sanciones en lo que queda de 2011 se batiría el récord de multas lingüísticas por parte de la Generalidad. De las 107 multas interpuestas 53 se han producido en la provincia de Barcelona.

Esta política de la Generalidad se mantiene pese a que el Tribunal Constitucional dictaminó que es ilegal, en su sentencia sobre el Estatuto: "El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos".

Mientras tanto, la Generalidad sigue escudándose en la Ley de Política Lingüística de 1998 impulsada por CiU y en la Ley del Código de Consumo de junio de 2010. Y haciendo oídos sordos el Ejecutivo catalán sigue con su proceso de inmersión lingüística y de persecución al castellano.

En este sentido, durante la primera mitad de este año, la Agencia Catalana de Consumo asegura haber revisado 1062 denuncias, que podrían ser anónimas, por lo que un 10 por ciento de ellas han acabado en sanción. Este organismo asegura que la cantidad de multas es "muy baja".

El presidente de esta agencia, Alfons Conesa, llega a asegurar que "si hay voluntad de rotular en catalán, no hay sanción. No queremos sancionar y recaudar. Solo queremos que la ley se cumpla. Es una cuestión de voluntad. Cuando hay una inspección, se señalan las deficiencias y se da un mes para solucionarlas. Si se arregla, el expediente se archiva".