Así lo ha indicado la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias. La directora general de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández, explicó que inspectores de su departamento acudieron al local tras una queja reflejada por un particular en el libro de reclamaciones y comprobaron que nadie hablaba castellano.
Un decreto de 2010 del Gobierno de Canarias obliga a que en toda actividad turística, de ocio o restauración de las islas debe haber algún responsable que hable español, informa Efe. El incumplimiento de esta normativa está considerado como falta leve y se castiga con una multa de hasta 1.500 euros.
En este caso la sanción fueron 600 euros, aunque el local acumuló multas hasta 1.700 por otras infracciones detectadas en la inspección, realizada por la noche. Según el Gobierno canario, aunque se dan casos similares a estos, no se trata de una infracción frecuente.