El TSJC ha emitido una nota en la que enmienda la plana a su presidente y ha recordado que el auto, en el que se da un ultimátum a la Generalidad para que el castellano esté presente en las escuelas en igualdad de condiciones con el catalán, se basa en sentencias del Tribunal Supremo que sí pueden modificar el modelo de inmersión.
Su presidente, Miguel Ángel Gimeno, expresó ayer domingo, y este lunes por la mañana lo ha vuelto a ratificar en una entrevista radiofónica, que el ultimátum a la Generalidad se refiere sólo a las tres familias que denunciaron ante la justicia el modelo de inmersión lingüística en catalán.
Pero tal y como señala la nota del tribunal, el fallo del TSJC insta a la Generalidad a adoptar las medidas oportunas para cumplir en materia lingüística las sentencias sobre la enseñanza en Cataluña "en los términos resueltos" por el Tribunal Supremo, lo que "podía significar su aplicación de forma genérica a toda la enseñanza en Cataluña" y por tanto no sólo a las tres familias recurrentes
La misma interpretación que Gimeno dio en un principio sobre el auto del TSJC, que ejecuta varias sentencias del Tribunal Supremo (TS), la han mantenido públicamente tanto el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, como la consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, y la de Enseñanza, Irene Rigau, que incluso se ha mostrado dispuesta a abandonar la política, aunque sólo si la inhabilitan del cargo.
Gimeno afirmó ayer que el auto del TSJC sólo hacía referencia a las peticiones de las familias que recurrieron, aunque matizó que este punto debería quedar aclarado en el recurso que la Generalidad ha anunciado que presentará.
El comunicado que el TSJC ha remitido a los medios, que no cita a Gimeno, se subraya que la ejecución de las sentencias de Supremo corresponde "por imperativo legal" a la sala de lo contencioso-administrativo de Cataluña, por lo que la sección quinta del TSJC dictó el pasado viernes un auto instando al Departamento de Enseñanza de la Generalidad a adoptar "las medidas oportunas para cumplir las sentencias en los términos resueltos por el Tribunal Supremo".
En este sentido, el comunicado del TSJC precisa ahora que el Supremo, aunque admitía los recursos de los demandantes, no especificaba en su parte dispositiva que la decisión quedara limitada a las familias recurrentes, y por tanto "esto podía significar su aplicación de forma genérica en toda la enseñanza en Cataluña".
En cualquier caso, el TSJC remarca que "en ningún momento" ha señalado cuáles deben ser las medidas concretas que debe adoptar la Generalidad para cumplir las sentencias del Supremo, ya que esta responsabilidad recae tanto a Enseñanza como en función de los "criterios pedagógicos, organizativos, económicos y de todo tipo".
Además, el TSJC afirma en la nota ser consciente de que se trata de un tema "especialmente delicado", ya que provoca discusión por parte de familias, comunidad educativa, instituciones y ciudadanos, aunque recuerda que su ámbito de actuación y de decisión es "exclusivamente jurídico y no político".
Se da el caso de que la misma sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha dado un ultimátum a Enseñanza para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas desestimó íntegramente, antes de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, tres recursos contra la inmersión lingüística en catalán al considerar que este modelo es "constitucionalmente legítimo", según la nota.