"Niños de 13 y 14 años fueron golpeados por llevar un crucifijo"

Los miembros de la UIP son individuos fuertes, de más de 1,90 metros de altura. Y a pesar de que su trabajo consiste en proteger –en rescates imposibles, auxiliando a las víctimas de atentados como el 11-M- ahora son vilipendiados por la opinión pública. Hay tres agentes expedientados por su labor de contención de los denominados indignados en las manifestaciones ilegales.

Los agentes han recibido órdenes de Interior de permanecer pasivos frente a las agresiones e insultos de los manifestantes. Ahora, dan su opinión y se defienden. "Es el mundo al revés. Cumplimos órdenes, de arriba. Hemos evitado que esto se convierta en Londres y nos acusan".

Señalan a esos superiores que no les proporcionan suficiente equipamiento. Si quieren fundas nuevas, escudos o cascos de protección, han de compararlas ellos mismos. "Hace meses, sino años, que no recibimos equipación nueva", dice uno de ellos en el suplemento Crónica del diario El Mundo. Eso les obliga a levantar las viseras de los cascos, de tan arañados que están, pese a que deja al descubierto su cara y el mentón vulnerable.

"Debemos mantener la distancia. No podemos dejar que se acerquen. Hemos recibido en esa zona pedradas, ataques con botellas. Hay compañeros que llevan varias operaciones de cirugía en la cara. De eso nadie cuenta nada", asegura uno de los agentes.

No solo del equipamiento, también se quejan de la escasez de efectivos. "En países con características similares a los nuestros como Francia, Italia y Polonia, hay el doble o el triple de personal", dicen. Quizá por ello sus turnos, sus horarios, no se cumplen nunca. "Oficialmente, hay tres turnos: de siete de la mañana a tres de la tarde, otro de las 14:30 a las 22, y de 21:30 a las siete". Denuncian que en los últimos meses, "apenas hemos descansado" por culpa de "jornadas maratonianas" que incluyen cancelaciones de reuniones familiares, vacaciones anuladas...

"Es nuestro deber pero todos tenemos límites", dice un agente. Los divorcios están por ello a la orden del día. Hay distintos comunicados realizados por sindicatos que advierten de la excesiva carga laboral de los agentes. Los antidisturbios, además, apenas ganan de media 200 euros más que un agente de a pie: su sueldo apenas llega a los 1.700 euros en el mejor de los casos.

Se quejan, también, de las acusaciones sin pruebas que se les han hecho, como que iban drogados en el momento de la carga. Y señalan de forma clara y diáfana que muchos de los que denuncian ahora en televisión "no son los miembros del movimiento inicial", cuyos preceptos en muchos casos respetan como cualquier ciudadano. Pero ahora, advierten, "son parte de grupos anti sistema radicales que sólo buscan el caos. Ese ha sido parte del problema..." . Apenas 5.000 personas –que es el número máximo de las últimas manifestaciones- han conseguido "paralizar una ciudad de millones de habitantes".

Unas órdenes, las de no parar los pies o incluso identificar a los radicales, que desmontan toda la labor de los antidisturbios. Y es que cualquier otra eventualidad, como una manifestación de trabajadores despedidos, "¿con qué autoridad les decimos que no pueden? ¿Porqué a los del 15-M sí y ellos no? Es pura política", dicen, decepcionados.

"No soy católico. Soy agnóstico, pero no se puede permitir que niños de 13 y 14 años reciban insultos y golpes por llevar un crucifijo. Eso sucedió y no vi ninguna foto. Y a eso le llaman tolerancia" añade otro agente.

Añaden, frente a las acusaciones de agresiones contra algunos manifestantes, que si se considera fríamente, ninguno de ellos necesitó asistencia médica, al contrario que muchos de sus compañeros, ahora "de baja recibiendo atención médica, con cirugías maxilofaciales incluidas". "Con ese método de defensa –un gomazo- se busca inmovilizar a la persona, pero no pretendemos hacerle daño. Lo máximo que le causamos es un moratón. ¿Por qué no enseñan los ataques que recibimos?".

Y recuerdan agresiones como patadas o escenas como las de algunos indignados orinándoles en las botas o escupiéndoles en la cara. "Van más de 40 compañeros heridos desde que comenzó todo esto", por no mencionar insultos, acusaciones de abusos sexuales o amenazas de muerte a través de las redes sociales. Nada de eso les ha costado siquiera una sanción para los radicales, y ni siquiera "nadie investiga", asegura un agente. No faltan los miembros de la UIP que temen que les sancionan por hablar con periodistas.

Respecto a las palabras de Antonio Camacho, ministro del Interior, que consideró que los agentes se habían "extralimitado", aseguran que se querellarán contra él, y también "contra Rubalcaba y contra la delegada del Gobierno en Madrid. Eso, además de pedir su cese inmediato", asegura un agente veterano.