Izquierda Unida ha lanzado este lunes principalmente a través de Internet y, en concreto, de las redes sociales la campaña '#MadridsinPapa' para mostrar su rechazo a la visita de Benedicto XVI y para denunciar el coste de la misma.
"Tratamos de expresar -a través de los medios tradicionales y fundamentalmente mediante Internet y las redes sociales-, con un lenguaje muy sencillo y, sobre todo, con el intercambio de mensajes y propuestas con la sociedad civil, nuestra defensa de ese Estado aconfesional que está plasmado en la Constitución desde hace más de 30 años", ha explicado la coordinadora del Área de Juventud de IU, Esther López Barceló.
Por otro lado, IU pretende denunciar que la visita papal "se está vendiendo como uno de los mayores negocios turísticos que va a hacer Madrid con los centenares de miles de militantes que se esperan, ocultando el coste real que va a tener en primer lugar para todos los madrileños, sean católicos o no, pero también para todos los españoles", según Barceló.
En este sentido, esta responsable de IU ha criticado "las generosas desgravaciones fiscales para las empresas colaboradoras, el ingente operativo en medios de seguridad programados o los desproporcionados despliegues previstos de los medios de comunicación públicos financiados por todos".
Sin embargo, los datos dejan en muy mal lugar tanto tanto a IU como al resto de organizaciones que están intentado aprovechar la visita del Papa para hacerse publicidad. El coste de la Jornada, que está en torno a los 50 millones, será sufragado en dos terceras partes por los jóvenes que se han inscrito y por los donativos de otros participantes, mientras que la tercera parte corre a cargo de los patrocinios de empresas y otro tipo de donativos.
No existe, por tanto, una subvención directa, por parte de la Administración. En cuanto al patrocinio de empresas, la JMJ fue declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010. Estas compañías si se beneficiarán de las deducciones fiscales que establece la Ley. Nada distinto a lo que se ha hecho en otros eventos tales como el Xacobeo o la Copa América de Vela.
En este sentido, ni Ayuntamiento, ni Comunidad, ni el Gobierno central contribuirán económicamente al evento sino que su colaboración, que generará según los expertos 100 millones de euros en beneficios y una enorme proyección de la imagen de España por el mundo, se centrará en la cesión de instalaciones públicas y servicios generales tales como la seguridad. Algo que también se hace en otros actos multitudinarios.