Según la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, la ley aprobada que se remite con carácter de urgencia al Parlamento, responde a la necesidad de que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos y "garantizar que nadie pueda ser discriminado".
En declaraciones recogidas por EFE Pajín ha reconocido que es una "ley compleja" porque afecta a la practica totalidad de los departamentos del Gobierno. Es "una ley integral, general, de garantías y de derecho antidiscriminatorio", ha dicho, afirmando que incluye a todas las personas y alcanza a ámbitos como el empleo, la educación, la asistencia sanitaria, el acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público y la publicidad y medios de comunicación.
La ley aporta como motivos de discriminación recogidos hasta ahora en la Constitución y en la normativa europea, la identidad sexual y la enfermedad. La sanciones previstas van desde los 300 euros hasta el medio millón.
Además, tal y como recoge Europa Press, este texto legal permitirá eliminar los conciertos educativos a los centros que separen por sexos a sus alumnos ya que, según ha explicado el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el Consejo de Estado "lo ha avalado".
Fajín ha dicho que "la ley ha propuesto no subvencionar con concierto" a este tipo de colegios que separan a niños de niñas y el Consejo de Estado "avala la tesis del Gobierno".
"No se trata de desaparecer, sino de no financiar ese tipo de colegios", ha añadido, para explicar que el informe del Consejo de Estado, aprobado en el pleno de este jueves, "dice claramente que en ningún caso vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa ni moral conforme sus convicciones y en ningún caso vulnera la libertad de educación".