L D (EFE) En rueda de prensa, Garcías explicó que el Gabinete balear aprobó en esta reunión la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica 10/2002, después de un dictámen del Consell Consultiu en el que se señala que "en determinados preceptos" de esta norma "el Estado invade competencias que no le corresponden". El Gobierno entiende que "la ley impulsada por la ministra (de Educación) Pilar del Castillo ya planteaba problemas desde su concepción", pues, "no es concebible un cambio global del sistema educativo sin un diagnóstico previo con la participación de todos los agentes responsables y todos los sectores de la comunidad educativa".
Además, según apuntó Garcías, quien tildó de "simplistas" algunas de las medidas que establece la ley, ésta "se elaboró sin contar con las comunidades autónomas". Para el Ejecutivo de las islas, "la propuesta del Ministerio no aporta ninguna medida relevante para mejorar la calidad del sistema educativo". Asimismo, considera que la Ley de Calidad "es la plasmación de una política que pretende, desde la simplificación, la falta de diálogo, la concepción centralista y centralizadora del Estado, la escenificación de una pretendida reforma global del sistema educativo sin sentido".
El Gobierno balear cree que el documento, "muy deficitario también desde los aspectos formales, de redacción y de concepción", es "una cortina de humo dirigida a la consecución de una rentabilidad política a corto plazo, con menosprecio hacia aquello que dice que quiere solucionar: el sistema educativo". El Gabinete autonómico sostiene que, como las de otras comunidades, la Administración del archipiélago, "ya ha emprendido numerosas iniciativas para responder positivamente a la nueva situación".
Con anterioridad a la celebración del Consell de Govern de este viernes, donde se aprobó la adopción de esta medida, el conseller balear de Educación, Damiá Pons, criticó con dureza el texto de esta ley orgánica por entender que imponía severos recortes a la enseñanza en catalán.
Además, según apuntó Garcías, quien tildó de "simplistas" algunas de las medidas que establece la ley, ésta "se elaboró sin contar con las comunidades autónomas". Para el Ejecutivo de las islas, "la propuesta del Ministerio no aporta ninguna medida relevante para mejorar la calidad del sistema educativo". Asimismo, considera que la Ley de Calidad "es la plasmación de una política que pretende, desde la simplificación, la falta de diálogo, la concepción centralista y centralizadora del Estado, la escenificación de una pretendida reforma global del sistema educativo sin sentido".
El Gobierno balear cree que el documento, "muy deficitario también desde los aspectos formales, de redacción y de concepción", es "una cortina de humo dirigida a la consecución de una rentabilidad política a corto plazo, con menosprecio hacia aquello que dice que quiere solucionar: el sistema educativo". El Gabinete autonómico sostiene que, como las de otras comunidades, la Administración del archipiélago, "ya ha emprendido numerosas iniciativas para responder positivamente a la nueva situación".
Con anterioridad a la celebración del Consell de Govern de este viernes, donde se aprobó la adopción de esta medida, el conseller balear de Educación, Damiá Pons, criticó con dureza el texto de esta ley orgánica por entender que imponía severos recortes a la enseñanza en catalán.