(Libertad Digital) Actualmente el Consejo Europeo debate una proposición de normativa impulsada por la Comisión Europea con el objeto de eximir a las microempresas de las obligaciones que la Directiva 78/660/CEE establece sobre cumplimiento contable y de publicidad de sus cuentas anuales en los Registros Mercantiles.
El órgano colegial de auditores aprueba cualquier simplificación en el régimen contable de las microempresas, si bien en España ya se está aplicando el nuevo PGC para este tipo de empresas, desde el 1 de enero de 2008.
Pero con la independencia que otorga el hecho de que tal medida no afecta el volumen de actividad de los auditores, el presidente del CCJCC, Albert Folia, considera que “la desaparición de la obligación de presentar sus cuentas, por parte de las microempresas en los Registros Mercantiles, supondría un retroceso importante con respecto a una práctica que se ha mostrado útil para todo tipo de empresas y que desde hace 20 años aporta seguridad y transparencia a la economía española”.
Aplicación discrecional en cada país
La nueva directiva liberaría a 800.000 microempresas, del total de 1.100.000 sociedades que hay en España, y a un total de 5,3 millones de sociedades en Europa, de presentar sus cuentas anuales en los Registros Mercantiles. Una microempresa debe cumplir, para serlo, dos de los tres criterios establecidos por la Comisión Europea: facturar menos de 1 millón de euros durante el ejercicio; que su activo sea inferior a los 500.000 euros y que su plantilla esté formada por un máximo de 10 personas.
La aplicación de la nueva normativa sería discrecional para los distintos países miembros de la Unión Europea (UE). Albert Folia opina que “parece poco probable que en España llegue a seguirse esta propuesta”.
Eliminar “cargas administrativas”
La medida, que forma parte del plan europeo de estímulo económico publicado por la Comisión Europea en marzo de 2007, pretende eliminar las ‘cargas administrativas’ -según la discutible terminología utilizada por la Comisión- que suponen para una microempresa hacer frente a las obligaciones de información financiera, incluidos los costes de dedicación interna contable, y que estima en 1.558 € por empresa.
Albert Folia discrepa de la terminología usada por la Comisión Europea por cuanto “somos contrarios a que se transmita la idea a las empresas, cualquiera que sea su tamaño, de que la contabilidad es una carga administrativa y un coste a eliminar, cuando es una herramienta informativa que favorece su supervivencia”.
Costes no evaluados
Ante el argumento de la Comisión Europea con relación a la reducción de costes que supondrá la entrada en vigor de la nueva directiva, el presidente de la asociación esgrime su preocupación porque “no se están evaluando los costes derivados de la no publicidad de las cuentas anuales”.
Albert Folia alerta de los “costes suplementarios que deberán asumir las empresas de cualquier dimensión y las entidades financieras para obtener información fiable de los eventuales clientes con los que pretendan mantener relaciones comerciales”.
Menos transparencia
Albert Folia defiende que “la publicidad de las cuentas anuales de todas las sociedades facilita las relaciones entre las empresas y entre estas y las entidades financieras; en definitiva, facilita las transacciones comerciales”.
Por otro lado, el presidente del CCJCC manifiesta que “la propuesta de la Comisión Europea se ha inspirado en el sistema vigente en Estados Unidos, donde las sociedades no cotizadas están exoneradas de preparar y publicar sus estados financieros”. Según Folia ”no parece nada oportuno, en estos momentos en los que ha aumentado el riesgo en las transacciones, favorecer la desregulación de la información financiera”.