Es preciso recordar que la mitad de las PYMES no paga cuota cameral y un setenta y cinco por ciento, o no paga o tienen una cuota inferior a veinte euros/año. Al mismo tiempo, más de medio millón de PYMES españolas son receptoras, cada año, de los diferentes programas y servicios personalizados de las Cámaras, básicamente, en los campos de internacionalización, formación, innovación, mejora de la competitividad y apoyo a la creación de empresas que se verían cuestionados gravemente en su continuidad.
La cuota cameral tiene un destino específico, fijado por ley, para la internacionalización y la formación profesional, aspectos estos esenciales en estos momentos de crisis y en los que se demanda un mayor esfuerzo. Especialmente, las actuaciones de las Cámaras en materia de apoyo a la internacionalización ascienden a más de ciento veinte millones de euros al año, lo que representa el segundo presupuesto del Estado en esta vertiente. Su merma supondría la estrangulación de las ayudas actuales destinadas a la internacionalización de las PYMES. Por ello, la continuidad de estas acciones resulta esencial en estos momentos difíciles de nuestra economía.
El modelo de financiación, bajo la tutela permanente de las Administraciones Públicas, constituye un sistema transparente, gestionado por empresas, democráticamente elegidas, al margen de los Presupuestos Públicos, en línea con el modelo continental seguido por la mayoría de los estados europeos.
Las Cámaras de Comercio constituyen la red de Corporaciones de Derecho Público más importante que existe en España para el apoyo al desarrollo de las empresas, la regeneración de nuestro tejido empresarial y, en definitiva, en defensa del interés general de la economía de nuestro país, con más de 450 puntos de atención en todo el territorio del Estado.
Esta red de corporaciones de derecho público actúa, por tanto, de vertebradora de las políticas y actuaciones a favor de las pequeñas y medianas empresas en todo el Estado. Las Cámaras son, por ello, vertebradoras de la sociedad civil, para impulsar y desarrollar políticas directas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a la vez que ofrecen servicios indispensables fijados por ley, que, si se cuestiona su financiación, generarían un vacío difícilmente reemplazable.
El análisis detallado de la realidad del sistema de financiación y de los servicios que se generan a través de las Cámaras, muestra, sin equívocos, los graves riesgos que se derivarían para un importante número de empresas de España y para su necesaria independencia e interlocución ante los poderes públicos e instituciones.
Sin embargo, quiere expresar la necesidad de evaluar, con serenidad, ponderación y con el imprescindible estudio del impacto económico real, las consecuencias que se derivarán para las empresas, sobre todo para las más necesitadas, si se suprime la cuota cameral. En consecuencia y en contra de la finalidad que se pretende, la supresión del recurso cameral de las Cámaras produciría graves perjuicios a la economía nacional y, muy directamente, a las PYMES de todo el país.
Instituciones como las Cámaras de Comercio de España, no sobreviven más de cien años si no cumplen con las funciones que les impone la ley y que la sociedad en su conjunto les reclama.