(Libertad Digital) Esta es la principal conclusión del seminario Operaciones vinculadas. Aspectos prácticos en un ámbito internacional, organizado por la firma de servicios profesionales Bové Montero y Asociados y la Cámara de Comercio e Industria Francesa de Barcelona.
Felipe Rubio, Inspector Jefe de la Unidad de Fiscalidad Internacional de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, recordó durante su intervención en el seminario que “ningún contribuyente debe olvidar que el principio de libre concurrencia que debe regir las relaciones económicas entre empresas vinculadas está en vigor desde el ejercicio 2007”.
El 19 de febrero entró en vigor el Real Decreto 1793/2008, que regula la obligación de documentar las operaciones vinculadas. Este RD desarrolla, entre otras cuestiones, el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades y la Ley de 2006 de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal.
Rubio aseveró que “a pesar del retraso de la entrada en vigor del desarrollo reglamentario de la norma, la Inspección de Hacienda tendrá en cuenta la aplicación del mencionado principio desde el ejercicio 2007 con todas sus consecuencias”.
Documentar las operaciones viculadas
El nuevo marco legal obliga a las empresas a valorar a mercado las operaciones vinculadas y a mantener determinada documentación a disposición de Inspección de Hacienda que justifique que los precios aplicados dentro de un grupo de empresas, multinacional o nacional, son precios de libre concurrencia.
El representante de la Agencia Tributaria argumentó que “con esta medida evitaremos que se dé una manipulación de precios entre empresas del mismo grupo y el traslado de beneficios a países de menor tributación”.
Rubio reconoció que “para que haya un adecuado reparto de las bases imponibles, y tributen en España los beneficios que le corresponda del Impuesto de Sociedades de un grupo internacional que opere en España, es necesario que se apliquen valores de mercado a las transacciones intragrupo”.
Belén Fernández Ulloa, directora del departamento jurídico-tributario de Bové Montero y Asociados y moderadora del seminario, hizo hincapié en que “el nuevo reglamento aporta mayor seguridad jurídica y evita litigios que pueden ser prolongados en el tiempo, por lo que será positivo para el tráfico mercantil internacional al fomentar, en cierto modo, los acuerdos previos de valoración que las empresas pueden solicitar a la Administración”.
Aspectos contradictorios
José María Bové, socio de Bové Montero y Asociados, no dudó de la bondad del sistema con carácter general. A pesar de ello, opinó que “se debería haber ampliado el marco de empresas exoneradas del deber de preparar la documentación que acredite que el precio aplicado es de mercado”. Bové lo justificó porque “ello obligará a las empresas a acceder a bases de datos cuyo coste queda fuera del alcance de muchas de ellas”.
El socio de Bové Montero y Asociados añadió que “estas bases de datos sí que están al alcance de la Inspección, con lo que las empresas juegan con desventaja”.
El nuevo reglamento sí prevé en cambio un tratamiento específico para las pymes, en cuanto al compromiso de no exigirles la misma documentación que a las empresas de mayor dimensión. Sin embargo, a juicio de Bové, “la relajación debería haber sido mayor”.
Marco sancionador
El nuevo reglamento establece un marco sancionador vinculado a la obligación de documentación, que deberá versar tanto sobre el grupo de empresas como sobre la sociedad individual. Asimismo establece sanciones para los contribuyentes que no aporten, o lo hagan de forma inexacta, falsa o incompleta la documentación, y también para aquellos casos en los que el valor de mercado que se deduzca de la documentación no sea el que se refleje en la declaración.
Felipe Rubio recalcó en su intervención en el seminario que “la documentación no es una exigencia puramente formalista y que su finalidad es determinar el valor de mercado”.
El seminario Operaciones vinculadas. Aspectos prácticos en un ámbito internacional, organizado por la firma Bové Montero y Asociados y la Cámara de Comercio e Industria Francesa de Barcelona, contó con la asistencia de casi un centenar de directivos de empresas de diversos sectores económicos y profesionales de importantes despachos de Barcelona
Bové Montero y Asociados es una firma de servicios profesionales especializada en auditoría y revisión contable, asesoría y consultoría jurídica y tributaria, asesoría financiera, consultoría en nuevas tecnologías y consultoría en recursos humanos. Su plantilla en las tres oficinas de España está formada por un total de 70 profesionales.