LD (EFE) La proposición no de ley defiende que estos impuestos se puedan liquidar a la Hacienda Pública no en el momento del devengo sino cuando se realiza el cobro de estas operaciones comerciales, con lo que se ajusta la imputación temporal de la renta al efectivo cobro de las mismas.
Durante la defensa del texto, el diputado de CiU Josep Sánchez-Llibre explicó que lo que se reclama "no es no pagar, sino adecuar el pago de los impuestos a la morosidad del sujeto pasivo".
La otra proposición se refiere a las medidas de estabilización financiera aprobadas por el Gobierno, entre ellas el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF).
El texto contempla q ue se traslade a las entidades financieras el coste de las operaciones de financiación, y que se impida el uso de estas ayudas para la expansión internacional de las entidades.
Así mismo, insta al Gobierno a presentar antes de tres meses un proyecto de reforma de la legislación mercantil y penal en lo relativo a las responsabilidades de los consejeros y directivos de las entidades, así como a crear una subcomisión de estudio sobre la crisis financiera.
La comisión rechazó dos proposiciones no de ley presentadas por el Partido Popular en las que se proponía la rebaja del impuesto de sociedades y el establecimiento de una nueva línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un valor de 5.000 millones de euros destinada a ayuntamientos y corporaciones locales.
Durante la defensa del texto, el diputado de CiU Josep Sánchez-Llibre explicó que lo que se reclama "no es no pagar, sino adecuar el pago de los impuestos a la morosidad del sujeto pasivo".
La otra proposición se refiere a las medidas de estabilización financiera aprobadas por el Gobierno, entre ellas el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF).
El texto contempla q ue se traslade a las entidades financieras el coste de las operaciones de financiación, y que se impida el uso de estas ayudas para la expansión internacional de las entidades.
Así mismo, insta al Gobierno a presentar antes de tres meses un proyecto de reforma de la legislación mercantil y penal en lo relativo a las responsabilidades de los consejeros y directivos de las entidades, así como a crear una subcomisión de estudio sobre la crisis financiera.
La comisión rechazó dos proposiciones no de ley presentadas por el Partido Popular en las que se proponía la rebaja del impuesto de sociedades y el establecimiento de una nueva línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un valor de 5.000 millones de euros destinada a ayuntamientos y corporaciones locales.