María Emilia Casas

La vicepresidenta del Gobierno defendió hoy en nombre del Ejecutivo la "honestidad" y la "profesionalidad" de la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Maria Emilia Casas, tras el escándalo por su conversación con una abogada implicada en un turbio caso de asesinato. María Teresa Fernández de la Vega, que abroncó a Casas durante el desfile militar del Día de la Hispanidad, escena captada por las cámaras de Libertad Digital Televisión, argumentó que "ya el Tribunal Supremo" archivó el caso de la conversación de Casas.

Para el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en la actuación de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, "no hay mácula de ningún tipo". Se ha referido así en la cadena SER a los consejos que ésta dio a una abogada que ahora se encuentra en prisión. Sin embargo, el vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, ha señalado que Casas se "extralimitó" de sus funciones por lo que para no perjudicar el órgano que preside "debe presentar su renuncia". Este jueves, el vocal del CGPJ, José Luis Requero, criticó en Libertad Digital TV el daño que la presidenta del TC ha hecho a este organismo. 

La actriz y presentadora Ana Obregón reclamó este miércoles, a través de su abogado, al titular del Juzgado número 7 de Primera Instancia de Alcobendas que secuestre el último número de  Interviú, que saca a relucir una conversación telefónica de la presentadora en la que encarga a su escolta dar una paliza a Jaime Cantizano. El escolta era investigado por su implicación en un asesinato por encargo. En las escuchas también apareció una conversación de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, con la persona acusada de encargar el asesinato, una abogada que le pedía asesoramiento jurídico en un pleito que mantenía con su marido, el asesinado, por la custodia de su hija.

El diario ABC lleva este sábado a su portada una investigación judicial con retorcidos e inesperados giros, en la que estaría implicada tangencialmente la mismísima presidenta del Tribunal Constitucional. La historia comienza el 17 de abril del año pasado. Entonces, María Emilia Casas recibió la llamada de una abogada que le cuestionó acerca de un "asunto familiar". Lo que desconocía es que, presuntamente, dicha letrada encargó a unos sicarios un asesinato. Para rizar el rizo, la prueba clave es una grabación en la que también aparece la actriz Ana García Obregón.

Una denuncia penal se ha interpuesto, fortuitamente, entre las opciones del sector del Tribunal Constitucional contrario a los planes del Gobierno. El diario El País descubre este martes a un actor inopinado, y muy útil, del guión para laminar a los magistrados independientes del Gobierno antes de que se tomen decisiones trascendentales, sobre la prórroga de la presidenta María Emilia Casas o sobre el Estatuto de Cataluña. Se trata de un joven, presunto ladrón de coches, que ha denunciado a Roberto García-Calvo por encañonarle el 13 de julio con una pistola durante una discusión por un incidente de tráfico.

El salto de escala en la campaña contra los jueces del Tribunal Constitucional que se resisten a los planes del Gobierno suscita duras críticas en un sector del Consejo General del Poder Judicial. El diario El País ha difundido este martes una denuncia de hace más de cinco meses contra el magistrado del TC Roberto García-Calvo, por un supuesto delito de amenazas con arma de fuego. La denuncia fue presentada por un joven con antecedentes por robo. José Luis Requero, consejero del Gobierno de los Jueces, ha denunciado en declaraciones a Libertad Digital el "estilo mafioso, repugnante y miserable" del hostigamiento a los jueces que "son un escollo para las iniciativas del Gobierno".

Una denuncia penal se ha interpuesto, fortuitamente, entre las opciones del sector del Tribunal Constitucional contrario a los planes del Gobierno. El diario El País descubre este martes a un actor inopinado, y muy útil, del guión para laminar a los magistrados independientes del Gobierno antes de que se tomen decisiones trascendentales, sobre la prórroga de la presidenta María Emilia Casas o sobre el Estatuto de Cataluña. Se trata de un joven, presunto ladrón de coches, que ha denunciado a Roberto García-Calvo por encañonarle el 13 de julio con una pistola durante una discusión por un incidente de tráfico.

El Gobierno ha conseguido su objetivo: empantanar el Tribunal Constitucional para que no pueda resolver sobre el Estatuto de Cataluña antes de las Elecciones Generales de marzo. Primero intentó cambiar la Ley para prorrogar el mandato de Emilia Casas, ahora ha colapsado la institución con una guerra de recusaciones. Por primera vez en la etapa democrática, un Gobierno ha recusado a magistrados del TC. El último embate es la manipulación por El País y el Gobierno de un supuesto escrito en la que seis magistrados desmontarían la recusación presentada por el PP contra tres miembros del TC, en respuesta a la del Gobierno contra otros dos. El PP asegura que esa carta es "falsa". El ministro de Justicia, por su parte, se aferra a la pinza con El País, da por bueno el documento y acusa al PP de "jugar con las instituciones".

El Gobierno pelea por el control del Tribunal Constitucional, magistrado a magistrado. La técnica para asegurarse una mayoría en el Pleno es lo bastante especializada como para que el ministro de Justicia se sienta a sus anchas manipulando los datos y acusando al PP de "jugar con las instituciones", acusación perfectamente reversible contra el Gobierno, a la luz de las evidencias; entre otras, el hecho de que, por primera vez en la etapa democrática, el Gobierno ha recusado a dos magistrados a los que no controla. El Ejecutivo cuenta con un importante aliado en la trascendental batalla de recusaciones previa al fallo sobre el Estatuto de Cataluña. Se trata de El País. Informaciones de este diario preceden a las actuaciones de la Abogacía del Estado contra la recusación promovida por el PP. Este miércoles, además,  Mariano Bermejo se ha apoyado en una noticia periodística parcial y no contrastada para sostener que la recusación de tres magistrados por el PP se basa en "una documentación que no es real".