Recientemente, Washington desclasificó una serie de documentos del Departamento de Estado relacionados con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, respondiendo a una petición formulada por el Congreso peruano meses atrás. Creíamos que nada relacionado con Montesinos podía sorprendernos, pero estas revelaciones lo consiguen.

Los documentos desclasificados y entregados reúnen información sobre Montesinos en un periodo de tiempo que comprende entre 1990 y el año 2000, aquel que vio caer al presidente Fujimori y su brazo derecho. En estos documentos hemos podido comprobar que Estados Unidos sabía perfectamente de los antecedentes y modos de actuar de Montesinos, desde que éste, en 1977, entregó a Washington a través de la embajada estadounidense en Lima diferente información concerniente al armamento del Ejército peruano, en su gran mayoría comprado a la entonces Unión Soviética. Contar lo que sucedió luego hasta llegar a ser el hombre más poderoso del Perú, pasando por su defensa a narcotraficantes como abogado, sería reiterativo ya. Sin embargo, resulta interesante detenernos en un documento en particular.

Se trata del documento 2000LIMA06752 suscrito por el entonces embajador de Estados Unidos en Lima, John Hamilton. En éste, el diplomático informa a Washington que el 13 de noviembre de 2000 recibió la visita de una persona (en los documentos entregados se ha tachado el nombre) que le informó de que la muerte del dueño del diario La República y congresista Gustavo Mohme Llona, ocurrida el 23 de abril de ese mismo año, no habría sido natural. Esta persona, que luego resultaría ser el ex congresista Mario Roggero Villena, indicó que detrás de dicha muerte estaba Vladimiro Montesinos, versión que Hamilton califica de ‘complicada conspiración’.

Según Roggero, uno de los agentes enviados por Montesinos se habría infiltrado en el entorno de la seguridad de Mohme para así cambiar las pastillas que solía tomar a causa de sus problemas cardiacos. Asimismo, Roggero confesó a Hamilton que la información provenía de un amigo común que compartía con Matilde Pinchi, unas de las testaferras del ahora ex asesor. Sin embargo, Hamilton no fue el primero en recibir la información ya que Roggero contó la historia al hijo de Mohme, Gustavo Mohme Seminario, ahora dueño del diario, y a Mirko Lauer, periodista del medio. La única respuesta que obtuvo de Hamilton fue que contara la versión al entonces procurador del caso Montesinos, José Ugaz, para que éste le recomiende los pasos a seguir.

Para entonces, Gustavo Mohme Seminario había organizado un equipo de periodistas en su diario para que investigara la versión. Lo primero, según relata el periodista de La República, Edmundo Cruz Vílchez, fue indagar si era posible cometer asesinatos sin que el cuerpo de la víctima diera pistas de la causa de su muerte en el momento de la autopsia. La respuesta fue afirmativa, siempre y cuando el estudio no se hiciera inmediatamente después del deceso y se conociera el nombre de la sustancia. De hecho, esta práctica era frecuente (y tal vez aún lo es) en regímenes autoritarios, y según La República sobre todo en Chile, país que desarrolló, por ejemplo, el gas sarín, gracias a los estudios de un bioquímico chileno llamado Eugenio Berríos Sagredo del que nos ocuparemos más adelante. Además, el equipo llegó a contactar con una fuente que estuvo en el entorno más cercano de Montesinos. Según La República, este testigo, llamado con el seudónimo de Ojos de Cristal, confirmó dicha versión y además agregó los nombres de otras víctimas. Estos no podrían ser más sorprendentes: el cardenal Augusto Vargas Alzamora y el congresista Carlos Torres y Torres Lara, de la filas del movimiento de Fujimori. Sin embargo, el diario indicó que no existían ni vídeos ni audios de los testimonios, para así preservar la seguridad de las fuentes.

Aunque nadie pensó en eso cuando se supo de la muerte de Gustavo Mohme Llona mientras caminaba por una playa del sur de Lima, algunos detalles que ocurrieron dejan al menos algunas sospechas. El primero es que cuando se pidió un helicóptero para trasladar a Mohme a un hospital de la capital, este tardó cerca de 20 minutos en llegar, cuando tendría que haber hecho el tramo (el helicóptero estaba a pocos kilómetros de ahí) en unos 3 minutos. Asimismo, La República indica que el hospital donde fue internado Mohme recibió numerosas llamadas de ex jefes policiales. todos ellos vinculados estrechamente a Montesinos, para saber la situación del congresista.

Lo más sorprendente (aún nada de lo expuesto puede sorprender tratándose de Montesinos) es la relación que tenía el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Montesinos con ex oficiales y empleados de la DINA (Dirección Nacional de Inteligencia) de Pinochet. Estos, como dijimos antes, desarrollaron el gas sarín (un gas mortal aparecido en la Alemania nazi y que se usó para un atentado en Tokio en 1995) gracias a la ayuda del bioquímico chileno, Eugenio Berríos Sagredo, aparentemente con el objetivo de emplearlo en el caso de una guerra contra Perú o Argentina y también en el marco de la Operación Condor. El programa del desarrollo de este gas y otras armas químicas fue denominado Proyecto Andrea.

Según expertos consultados por La República, la víctima expuesta al sarín muere repentinamente de un paro cardiorrespiratorio que se puede atribuir a una dolencia cardiaca o a una asfixia. Por lo tanto, el uso de este gas en un atentado sólo puede ser probado por personas involucradas en el asesinato. Incluso, la existencia de este proyecto ha sido confirmado, según La República, por el ex agente de la CIA Michael Townley, que ofreció su casa en la capital chilena para que Berríos trabajara en el perfeccionamiento de dicha sustancia. Townley vive hoy en los Estados Unidos bajo el programa de protección de testigos por declarar sobre el asesinato, con coche bomba, del ex canciller chileno Orlando Letelier perpetrado en 1976 en Washington. En su declaración, Townley aseguró que el plan era asesinarlo con gas sarín rociado en su almohada, cosa que no fue posible. Tras la salida de Pinochet del poder, Berríos escapó de Chile justo cuando fue citado para declarar sobre la muerte de Letelier, probablemente ayudado por agentes de la DINA, con el fin de hacerlo callar. De hecho, durante su autoexilio en Uruguay fue protegido por estos y por agentes uruguayos, pero apareció asesinado en 1993, encontrado por unos pescadores de la zona.

La posible relación de Berríos con militares peruanos (y por lo tanto con Montesinos) podría discutirse si no fuera por declaraciones tanto de un narcotraficante preso en Lima como por el abogado de la familia Berríos, Thomas Ehrenfeld. Éste, en una entrevista para La República, indicó que poco antes de viajar a Uruguay, Berríos recibió la visita de unas personas no identificadas aunque ‘se dice que eran unos generales peruanos que le ofrecieron mucho dinero para que fuera a trabajar con ellos. Le ofrecieron pagar por sus servicios en el Perú, para que desarrollara el gas sarín’. Esto también ha sido ratificado por un testigo en el proceso que se sigue en el 6º Juzgado del Crimen de Santiago de Chile, en cuyas oficinas, según el abogado, se guardan en una caja fuerte las declaraciones sobre los contactos de Berríos con militares peruanos.

Como ejemplo de la magnitud que pudo haber tenido este tipo de prácticas, hace un tiempo, muchos diarios chilenos informaron sobre las sospechas que se tenía en la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva (que gobernó Chile de 1964 a 1970 y padre de Eduardo Frei Ruiz-Tagle) en enero de 1982. Ya en su momento se sospechó que podía haber sido asesinado aunque no con gas sarín sino con otro agente bacteriológico. En noviembre de 1981, fue internado en una clínica para ser operado de una hernia estomacal. A pesar de que la operación fue un éxito, días más tarde se le detectó una infección por un extraño virus, que luego fue identificado como el proteus providence, contra el cual no existían medicamentos.

Cierto o no, parece ser que todas las versiones apuntan a que Berríos sabía mucho más de la cuenta. Su asesinato en Uruguay nunca se aclaró (aunque se acusó a siete oficiales del Ejército chileno) y es probable que se llevara a la tumba muchos secretos de Estado que podrían ayudar a resolver numerosos asesinatos, dentro y fuera de Chile. Asimismo, los contactos entre Berríos y el SIN son casi seguros, de ahí que resulte verosímil la utilización por parte de la inteligencia peruana entre 1990 y 2000 de gases letales en muertes no aclaradas. No se trata ya sólo de la muerte de Gustavo Mohme Llona, sino también de muchas otras. A partir de ahora, todas estas deberían ser esclarecidas y para esto no sólo el Perú necesitará efectivas investigaciones sino también la participación de ex militares y policías que participaron en los crímenes. Por cierto, y Montesinos, ¿hablará?