El miércoles se celebró el primer encuentro oficial de la legislatura entre el presidente del Gobierno y Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular. En un ambiente cordial, aunque no exento de críticas mutuas posteriores, Gobierno y oposición han llegado a un acuerdo para rellenar las vacantes en el Tribunal Constitucional y renovar el Consejo General del Poder Judicial siguiendo el modelo vigente. Por desgracia, este pacto implica un mero reparto de poder que no cuestiona la politización de la Justicia ni garantiza que los nuevos magistrados reunirán los requisitos de rigor e imparcialidad que sus cargos requieren. Una vez más, cabe lamentar la oportunidad perdida durante la segunda legislatura de Aznar, cuando el PP, a pesar de contar con mayoría absoluta en el Legislativo, renunció a cumplir su programa electoral y optó por el consenso con el PSOE.
Otro asunto en el que hubo acuerdo fue la lucha contra el terrorismo. En este punto, Rajoy ha manifestado su apoyo total al Gobierno siempre que no negocie con ETA, que es precisamente lo que Rodríguez Zapatero estuvo haciendo entre 2002 y 2007. No entendemos el súbito cambio de postura del presidente del PP, quien por otra parte carece de motivos para otorgar al PSOE carta blanca en un tema en el que la política del Gobierno ha estado marcada por la impostura y la mentira. Recordemos que fue el mismo Zapatero quien el pasado mes de enero reconoció haber negociado con ETA tras el atentado de Barajas. No parece que las falsedades del Gobierno hayan pesado en el ánimo de Rajoy, cuya aparente ingenuidad, rayana en la irresponsabilidad, resulta altamente preocupante.
Donde no habido ningún tipo de acuerdo, ni creemos que lo pueda haber dada la ignorancia y el escaso interés que Zapatero demuestra en la cuestión, es en la política económica que España debe seguir para enfrentarse a la crisis. Nada caber esperar de un presidente del Gobierno que sabotea a su propio ministro de Economía y se entrega a un discurso desfasado y contraproducente. Además, las medidas tomadas hasta ahora no han hecho sino empeorar la cuestión, así que no es de extrañar que las propuestas de Rajoy, más cercanas a las que habría que tomar (reducción del gasto público, rebaja de impuestos, sobre todo a las empresas, y flexibilización del mercado laboral), hayan sido rechazadas. Esperemos que al menos en este punto el PP se mantenga firme y continúe proponiendo alternativas a la nefasta gestión de la economía que llevan a cabo los socialistas.
Por tanto, el balance de la reunión es insatisfactorio para quienes pensamos que la lucha contra el terrorismo, una Justicia independiente y una economía saneada deberían ser las prioridades de cualquier Gobierno. También debería haberlo sido para Rajoy, quien en los últimos tiempos ha fiado todo su capital político a la economía. Que a pesar del desdén demostrado por Zapatero a sus sugerencias económicas se muestre contento y satisfecho se nos antoja sorprendente e incoherente. En definitiva, Rodríguez Zapatero, al atraerse al PP a su terreno en justicia y terrorismo, se ha salido con la suya. Por su parte, Rajoy ha cosechado una sonrisa presidencial y algún parabién en los medios progubernamentales. Escasa recolecta para lo mucho que está en juego, nada menos que el futuro de la democracia española, las libertades de todos y la solvencia de millones de familias, asuntos que ningún líder de la oposición responsable debería canjear por una migaja de talante.
