Durante la República de 1873, esa misma en la que su primer presidente, Estanislao Figueras, huyó a Francia sin decírselo a nadie, los gobiernos eran poco más que una ensoñación lírica de la Gaceta de Madrid, el BOE del momento. A la dificultad de encontrar nombres para formar un Ejecutivo que se enfrentara al caos hispano, se añadía la obligación, casi inmemorial, de satisfacer las cuotas de las distintas fracciones. Que si republicanos moderados, radicales, federales o cantonales, el monárquico embozado, e incluso algún carlista de secretario de Estado. Y hete aquí que, en la búsqueda de ese equilibrio que primaba sobre la necesidad de buen gobierno, Pi y Margall llamó a Teodoro Ladico para que se ocupara del Ministerio de Hacienda.
El agraciado debió reaccionar como esos a los que le toca la Lotería de Navidad: venga lluvia de sidra, abrazos indiscriminados, besos no calculados y los consabidos "quita, quita, que esa ronda la pago yo". El mallorquín, quizá achispado, telegrafió a su mujer: "Carmencita [stop] soy ministro [stop] Besos y república federal [stop]". Y el hombre, tras encapsularse la chistera, se dirigió a tomar posesión de su poltrona, seguro de que al fin la laica providencia había recompensado tanta adhesión inquebrantable.
Como todo buen republicano de cátedra, aquel ministro neonato estaba casado con una devotísima católica, que profundamente alarmada escribió al presidente del Gobierno: "Estimado Presidente, le ruego que obligue a mi querido marido a visitar a un médico, pues temo que haya perdido el juicio. Me ha dicho que es ministro". La anécdota corrió por todo Madrid, como es natural. Aquel hombre no duró mucho en el cargo, tan sólo 17 días, apenas el tiempo suficiente para encargar las tarjetas de visita, unas tarjetas que entregaba diciendo: "No estoy loco, soy ministro."
Era otro momento histórico, para bien y para mal. Los españoles pedían que los ministros fueran personas que generasen cierta confianza; es decir, íntegras, honradas y con un prestigio profesional reconocido. Eran tiempos en los que cuando se nombraba un ministro ignoto, salido de alguna catacumba administrativa o universitaria, o del mar de humo de un casino, siempre se achacaba a razones espurias, o "impolíticas" como se decía entonces.
En aquella época no existían los cien días de cortesía; claro que los gobiernos, a veces, no duraban ni eso. Ahora, los ministros neonatos, salvo excepciones, hacen sus primeras armas, sus virginales pinitos, en los ministerios. Y lo hacen con nuestro dinero y jugándose nuestro futuro. Lo lamentable es que esto se ha convertido en lo habitual, y nadie se pregunta por la integridad, honestidad o el reconocido prestigio profesional del agraciado. Y no hay más. Por no haber, ya no hay ni telegramas de familiares alarmados.
