Podemos hacer un ejercicio taumatúrgico de la Transición, de aquella época y sus hombres, del espíritu que la envolvía y del optimismo que conquistó a la sociedad española. Sí; pero no debemos obviar que la Transición sentó las bases de lo que hoy hace de la democracia española algo débil e inestable ante las tensiones nacionalistas.
España se constituyó con los principios de una democracia liberal, pero dentro de un Estado de las Autonomías en continua e ilimitada transformación. Y la indefinición de la ordenación territorial no es baladí cuando sobre ella se sustentan la igualdad y la solidaridad entre los españoles, las instituciones representativas, como las Cortes, y, especialmente, el principio que da origen a todo: la soberanía nacional.
Durante la Transición, el gobierno Suárez generalizó precipitadamente las autonomías. Le venció la presión de los nacionalistas, pero también de los dirigentes regionales de los partidos nacionales. Y este proceso determinó el debate constituyente. Fue entonces cuando a Roca y Rodríguez de Miñón se les ocurrió aquello de “nacionalidad”, que a ojos de los nacionalistas quería decir que España se constituía como un Estado plurinacional.
El problema comenzó a rodar. Así, mientras todos los títulos del proyecto constitucional quedaron perfilados el 5 de enero de 1978, el título VIII, el de la organización territorial, fue el más duro de negociar. La solución constitucional fue no imponer solución uniforme alguna, sino dejar muchos caminos abiertos. Se siguió el modelo de permitir una mayor autonomía a aquellos territorios cuyos políticos mostraran un mayor sentimiento identitario distinto del español. La consecuencia ha sido el desdén hacia la identidad española, en beneficio de las reivindicaciones locales y de sus partidarios.
Los hombres de la Transición cerraron en falso el problema. Tarradellas aceptó la “irrenunciable unidad de España” en 1977, pero el Parlamento de Cataluña aprobó en diciembre de 1989 una declaración que reivindicaba el “derecho de autodeterminación” basándose en el preámbulo de su Estatuto de Autonomía. Y luego vino el plan Ibarretxe, y el paso del socialismo vasco y catalán a las filas nacionalistas, lo que ha deparado el actual proyecto catalán de reforma estatutaria, contrario a los principios básicos de cualquier democracia liberal.
Ya no es el problema de la errónea gestión de un equipo de gobierno socialista, sino el de una fórmula constitucional que en su aspecto de cohesión territorial es muy mala. Priorizar a las autonomías por su sentimiento identitario particular creó derechos, preferencias y discriminaciones, origen de los problemas actuales. Se pensó que el límite del proceso autonómico sería el marco constitucional. Una ingenuidad. Las “nacionalidades” creen tener una soberanía propia, equiparable a la española y, por tanto, capaces de dotarse de su propia ley fundamental y, claro está, de su particular “Estado”. Así, Maragall ya exige que la Carta Magna se reforme para adaptarla al proyecto estatutario de Cataluña. Nos vemos, de esta manera, empujados a una segunda Transición que, a todas luces, no tiene ninguna de las virtudes de la primera y sí todos sus defectos.