Esperemos que la decisión del PP de solicitar un informe al Consejo Consultivo catalán, para decidir su postura ante la inconstitucional y liberticida "ley" audiovisual que proponen Maragall y sus socios nacionalistas, sea sólo un lamentable mal menor, necesario para abandonar, como primer paso, una bajeza histórica mucho mayor, como sería que el partido de Rajoy secundará semejante atropello a la libertad de expresión.
No otra cosa, más que la censura propia de un régimen dictatorial, es que un organismo administrativo dependiente de un gobierno, como el CAC, pretenda arrogarse la potestad de sancionar, incluso de suspender, a aquellos medios de comunicación que, en su opinión, "no dicen la verdad". Que semejante atropello jurídico, con el que este organismo pretende relevar a los tribunales –que, por otra parte, tampoco juzgan propiamente la veracidad de las informaciones, sino si estas pueden o no ser constitutivas de delito–, es una muestra histórica de hasta qué punto alcanza en España la deriva liberticida de socialistas y nacionalistas en su campaña contra los medios de comunicación críticos.
Resulta, ciertamente, lamentable que el PP tenga que esperar a un dictamen del Consejo Consultivo catalán, para aclarar su postura que, en cualquier caso, no debería ser otra que la de combatir –con todos los medios políticos y legales a su alcance– esta "ley mordaza" que no tiene parangón en ningún otro país democrático del mundo.
Que no se tenga claro a estas alturas, es una triste muestra de la degradación política que sufre el PP en Cataluña, como también lo es que un crecido Montilla, después de insultar a Acebes llamándolo "mentiroso compulsivo", se haya permitido este lunes "exigir" a Piqué que se desmarque del acto que, en defensa de la Constitución y de la unidad de España, ha convocado el PP para el próximo día 3 de diciembre en la madrileña Puerta del Sol.
Pensamos que hay un deseo latente de millones de españoles –más incluso de los que se movilizaron en las anteriores y multitudinarias manifestaciones contra la política de ZP– de salir también a la calle en defensa de nuestra ley de leyes y contra el Estatuto catalán. Que el PP, la semana pasada, fuera todavía incapaz de decir en qué lugar y en que iba a consistir "el acto" al que, con tan poco tiempo de antelación, se nos convocaba, es, sin duda, buena muestra de la desastrosa política de comunicación de este partido, pero también de hasta qué punto son decisivos los complejos del PP a la hora de liderar y –no simplemente sumarse– al descontento social que provoca la política de ZP y sus socios separatistas.
Ante lo que parecería un deseo deliberado de convocar una manifestación de perfil bajo, –al que, desde luego, sería ingenuo desligar ese error de Rajoy que se llama Piqué–, los nacionalistas se crecen y, tal y como ha hecho Montilla, se permiten acusar al PP de convocar manifestaciones propias de los nostálgicos del franquismo "como las que se celebraban en la plaza de Oriente".
